Santo Domingo.- La comisión especial designada por el Senado para conocer las ternas conformadas para la elección del Defensor del Pueblo, hará una reevaluación de la misma antes de presentar un informe al hemiciclo.

Cada uno de los seleccionados, deberá comparecer ante los senadores para justificar las razones que le llevaron a aspirar a la posición.

Aparentemente todavía no hay una decisión clara en cuanto al titular que deberá estar entre los exdiputados Henry Merán y Fidel Santana además de Pablo Ulloa.

Ayer, el senador Yván Lorenzo, vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que su organización abogará por un Defensor del Pueblo que no tenga antecedentes o vínculos partidarios.

Cuestionó la renuncia de partidos políticos para aspirar a ocupar posiciones en órganos extrapoder en franca alusión a Santana quien renunció previamente a su militancia y a la presidencia del Frente Amplio.

La comisión se reunió ayer y pautó un segundo encuentro para el lunes en el que se definirá el método de evaluación a aplicar.

Finjus pide reconfigurar Defensor del Pueblo

El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo a EL DÍA que además de la adecuación de su presupuesto, se requiere reconfigurar el Defensor del Pueblo de manera que se traduzca en la consecución de los preceptos constitucionales.

Aseguró que el Defensor, tiene concentra retos importantes de cara al fortalecimiento de esa figura para estructurarse de acuerdo a la esencia y naturaleza que le atribuye la Constitución.

“Dentro de ello, resalta la necesidad de construir una esfera de legitimación social que le permita funcionar como mediador entre el ciudadano, la estructura gubernamental y el Estado dentro del marco de su objeto primario que es servir de garante de los derechos fundamentales ante las esferas de la administración pública”, dijo.

Explicó que la figura, surge como una necesidad del control social de los gobernados en contra de las arbitrariedades y el incumplimiento de las obligaciones asignadas a la administración pública, debiendo constituir una voz a favor de la protección de los derechos de las personas y los intereses colectivos y difusos.