Juegos de azar: sector respalda nueva ley y tendrá 90 días para proponer cambios
- FENABANCA, casinos, bancas deportivas, concesionarios y otros actores respaldan la aprobación de la legislación y se comprometen a discutir posibles cambios en una mesa de trabajo que tendrá hasta 90 días
Santo Domingo.- Los principales sectores de juegos de azar del país apoyan el proyecto de ley que regula la actividad y acordaron crear una mesa de trabajo para discutir y proponer cambios después de su promulgación.
La mesa comenzará a trabajar inmediatamente después de que la ley sea promulgada y tendrá un plazo de hasta 90 días para identificar, discutir y consensuar las modificaciones que los sectores entiendan necesarias para fortalecer la legislación.
Asimismo, establece que las propuestas que logren consenso serán presentadas al Congreso Nacional para su conocimiento, discusión y eventual consideración, de acuerdo con los mecanismos constitucionales correspondientes.
El acuerdo fue suscrito por representantes de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (FENABANCA), concesionarios de juegos de azar y loterías privadas, la Asociación Dominicana de Casinos de Juegos, la Asociación Dominicana de Bancas Deportivas (ADOBAD), la Comisión Hípica Dominicana y otros actores vinculados al sector.
Buscan poner orden en el sector
El sector reconoce la necesidad urgente de que República Dominicana cuente con un marco regulatorio moderno, eficaz y estable que permita ordenar el sector de los juegos de azar.
Entre los objetivos que plantean están combatir la informalidad y las operaciones ilegales, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar el respeto a los derechos adquiridos conforme a la Constitución y las leyes de la República.
El acuerdo también plantea que el país necesita reglas claras que permitan establecer un escenario más seguro para el Estado, los operadores licenciados y los consumidores.
Los sectores sostienen que, frente a la realidad actual, la ausencia de una ley representa un escenario más perjudicial para el interés nacional que contar con una legislación que pueda ser perfeccionada.
Explican, que la falta de un marco regulatorio moderno contribuye a mantener la incertidumbre jurídica, la discrecionalidad administrativa, la competencia desleal y las prácticas ilegales.
Señalan que estas situaciones afectan al Estado, a quienes operan de manera licenciada y a los consumidores.
Por esta razón, respaldan el proyecto de ley de regulación de los juegos de azar, aprobado por la Cámara de Diputados y remitido al Senado de la República.
Respaldan la aprobación y plantean perfeccionarla
Asimismo, consideran que la pronta aprobación y posterior promulgación del proyecto representan un paso indispensable para institucionalizar y regularizar el sector.
Al mismo tiempo, reconocen que toda obra legislativa puede ser perfeccionada.
Por ello, se comprometen a participar activamente en la Mesa Técnica de Concertación y Construcción de Consenso, donde podrán identificar, discutir y consensuar las adecuaciones o reformas que contribuyan a fortalecer el nuevo marco jurídico.
El acuerdo establece que esas mejoras deberán ser canalizadas mediante los mecanismos constitucionales correspondientes.
Las propuestas llegarán al Congreso Nacional
Una vez concluido el proceso, las propuestas que hayan sido consensuadas serán presentadas al Congreso Nacional para su conocimiento, discusión y eventual consideración.
Los sectores establecen que este proceso deberá respetar las atribuciones del Poder Legislativo y los mecanismos establecidos por la Constitución de la República.
El sector también acordó que durante todo el proceso actuarán de buena fe, con respeto mutuo, transparencia y compromiso con el interés nacional.
El documento establece que las partes privilegiarán el diálogo sobre la confrontación, el consenso sobre la imposición y la institucionalidad sobre la improvisación.
La intención es que las diferencias que puedan surgir en torno a la legislación sean discutidas dentro de los espacios institucionales correspondientes.
El acuerdo deja expresamente establecido que las partes signatarias mantienen sus derechos legales y constitucionales respecto de las acciones en justicia que hayan sido incoadas o que puedan incoarse en relación con el proyecto de ley sobre juegos de azar.
De esta manera, el compromiso de participar en el proceso de diálogo y concertación no implica renunciar a las acciones judiciales ni a los derechos que correspondan a cada una de las partes.
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