Código Penal: lecciones de un bloque de poder anticonstitucional

Código Penal: lecciones de un bloque de poder anticonstitucional

Código Penal: lecciones de un bloque de poder anticonstitucional

Por: Matías Bosch

En su artículo número 8, la Constitución dominicana promulgada el 26 de enero de 2010 señala que “es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”.

A lo anterior, se suma lo establecido en el artículo 39, sobre el derecho a la igualdad, donde queda dicho: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”.

No obstante lo anterior, la Cámara de Diputados de la República Dominicana ha decidido aprobar una reforma al Código Penal que deja penalizada la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, de manera drástica y categórica.

Esto debe dejarnos varias lecciones

La primera es que se ha actuado de manera legal pero anticonstitucional, es decir, contraria a lo que establece la Constitución. Ni se protegen los derechos de las personas ni su dignidad, ni se avanza en que todas las personas nazcan libres e iguales sin ninguna discriminación.

Es cierto que la Constitución manda a proteger la vida desde la concepción hasta la muerte, pero también es cierto que las tres causales que se han planteado para despenalizar el aborto son puntuales, situaciones concretas y realistas en que la protección de la criatura concebida entra en colisión con la dignidad y los derechos de la mujer embarazada.

El embarazo interrumpido en caso de violación, en caso de inviabilidad del feto y de peligro de muerte para la mujer, claramente no tiene como interés violentar la vida de la persona en gestación, sino que se hace cargo de un dilema complicado pero ineludible: proteger a la mujer bajo los principios de la Constitución y los derechos que esta le asignan, en una sociedad real donde las tres situaciones ocurren con frecuencia.

Pero, lo que es peor, esto claramente es otra de las medidas del apartheid social institucionalizado que existe en República Dominicana. Penalizar el aborto no significa prohibirlo. Como ya se ha dicho mil veces, son las muchachas pobres, es decir la mayoría del país, las que seguirán siendo desprotegidas en abortos clandestinos y peligrosos, atentando contra lo que se establece en el artículo 39 de la carta fundamental.

Luego de esta decisión de diputados y diputadas, el país no es más igualitario, sino más desigual, discriminando por género y por condición social, poniendo sobre la vida y la salud de las mujeres del pueblo todo el peso de la opresión machista y de clase, reforzando la desigualdad ante la ley y en el orden social. Una injusticia mayúscula y éticamente inaceptable, indignante.

Por último, cabe señalar tres lecciones políticas.

Además de actuar de forma anticonstitucional, estas figuras a las que el Pueblo les paga para que, según la Constitución, “legisle y fiscalice en representación” suya, han dejado desnudada la inexistencia de una verdadera contraposición entre la llamada “oposición” y el llamado “oficialismo”.

Este ha sido otro evento –como el de la desnacionalización masiva de dominicanos hijos de inmigrantes- en que los partidos que dicen estar contrapuestos entre ellos, demuestran tener iguales posiciones en temas cruciales de interés para el bienestar general.

Los 132 diputados y diputadas que votaron por un Código Penal anticonstitucional refleja con nitidez y claridad que el adversarse electoralmente no significa ni se traduce, para nada, en diferencias en lo ideológico, ni en lo valórico ni en las propuestas de país. No hay partidos oponiéndose en República Dominicana, sino que más bien existe una clase de políticos profesionales que conforman un mismo bloque de poder y sostienen disputas y fricciones internas para resolver cuál de ellos encabeza la maquinaria política dominicana.

La otra gran lección es la ausencia total de correspondencia entre el sello con que se autodesignan los partidos y su comportamiento. Ninguno de los que votaron en el Congreso se ha comportado ni como de “liberación”, ni como “revolucionario” y menos como “moderno”.

Esto nos deja una tarea impostergable a los ciudadanos: preguntarnos y respondernos si aquellas identidades lo son en realidad o se trata de etiquetas que en nada encarnan las reivindicaciones de las mayorías.

En el caso del PLD el caso es mucho más grave: el Congreso en su abrumadora mayoría ha decidido votar contrario a las observaciones de presidente Danilo Medina, lo cual deja en entredicho que estemos hablado, efectivamente, de un partido político, es decir de una organización cohesionada por ideas, valores y decisiones que comprometen y vinculan a todos sus miembros. Esto último también obliga a cuestionarse la famosa consigna que, aunque cómoda para la protesta, parece ser insuficiente como variable explicativa: aquella del famoso “sello gomígrafo del poder ejecutivo” que no se ha evidenciado por ningún lado en esta ocasión.

Lo anterior –que no se escape- obliga a la pregunta sobre qué pasará con el nuevo Congreso. En la campaña el presidente Medina llamó a elegir “su” Congreso, así como alguna vez Leonel Fernández llamó a votar por un “Congreso para el Progreso”.

Los hombres del gobierno han dicho que se trata de tener en el parlamento una fuerza que empuje políticas públicas deseadas por la población. Al menos esta vez el mismo Congreso que aprobó la reelección y compuesto mayoritariamente por congresistas reelectos han dicho lo contrario. Además de su comportamiento anticonstitucional, han dicho que no son contrapeso ni son fuerza de cambio, y que no obedecen a nadie: ni a un jefe, ni a un partido, ni al pueblo que tienen que representar de acuerdo a la Constitución que deben cumplir y hacer cumplir.



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