Para algunos actores políticos la proliferación de activismo desde la sociedad civil es considerada una evidencia de las fallas de la democracia, pero es más una tendencia a su mejora, porque una representación política insuficiente se complementa con la labor de exponer o defender lo que se entiende son derechos difusos, intereses generales que no son adecuadamente representados por los actores políticos electos o designados por autoridades electas.
Es natural que entre este tipo de activismo y los representantes electos, surgidos de los partidos políticos o de las decisiones de autoridades electas, germinen tensiones y se produzca cierto nivel de conflicto.
Pero tanto unos como otros debemos aceptar que el proceso de construcción de voluntad colectiva, expresado en la agenda pública, requiere la intervención de ambas partes.
Cuando un partido o fuerza política recibe el mandato electoral mayoritario para gobernar, su programa queda validado, hasta cierto punto, por la mayoría electoral.
Pero no se gobierna sólo para quienes votaron a favor, sino que se gobierna para todos, incluidos aquellos que no votaron y quienes votaron en contra.
Por esta razón, es imprescindible la construcción de consenso social y político tomando en cuenta las distintas minorías o grupos de interés.
Pero los activistas ciudadanos deberían entender que sus apelaciones, por legítimas que sean, representan, una opinión particular de un segmento o sector de la población y que es tarea de los actores políticos, de las autoridades designadas y electas, tomar en cuenta unos y otros intereses y armonizar, encontrar un punto de equilibrio, para que la gestión de lo público no quede entrampada en un juego de capacidades de presión y opinión pública, que al final se distribuye inequitativamente entre los diversos intereses que constituyen la sociedad.
La continua interacción entre los actores de la sociedad civil y los actores políticos constituye una parte fundamental del proceso de deliberación, que tendencialmente puede aportar mucho a la mejora de la capacidad social de auto gobernarnos.
Trabajar juntos la agenda pública puede implicar riesgos, pero genera ilimitadas oportunidades de crecimiento político y social.
