Caso Medusa: Jean Alain niega equipo legal obstaculice el proceso
Santo Domingo.– El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, remitió una comunicación en la cual rechaza que las incidencias presentadas por su defensa constituyan tácticas dilatorias.
En una carta fechada el 30 de abril de 2026, Rodríguez aseguró que las solicitudes promovidas por su equipo legal forman parte de los mecanismos establecidos en el Código Procesal Penal para denunciar violaciones al debido proceso, excluir pruebas que consideran ilegales y exigir la entrega de evidencias que, según afirma, aún no han sido entregadas por el Ministerio Público.
Rodríguez indicó que, conforme al artículo 310 del Código Procesal Penal, el conocimiento de estos incidentes constituye una fase obligatoria previa al eventual juicio de fondo, por lo que entiende que su presentación no representa un retraso, sino una garantía procesal contemplada en la ley.
Asimismo, explicó que las solicitudes fueron depositadas por escrito ante el tribunal y que fue la propia jurisdicción la que dispuso que fueran conocidas de manera oral, pública y contradictoria, luego de declarar su admisibilidad tras conocer una petición de inadmisibilidad presentada por el Ministerio Público.
El exprocurador afirmó que, hasta el momento, apenas se ha iniciado la exposición de las presuntas irregularidades denunciadas por la defensa, entre las que mencionó alegados fraudes procesales, ocultamiento de pruebas, participación de fiscales recusados e inhabilitados y la falta de entrega de más de 100 pruebas a descargo, pese a que, según sostiene, dos tribunales han ordenado su entrega desde hace casi tres años.
En la comunicación, Rodríguez también acusó al Ministerio Público y a Participación Ciudadana de desarrollar una estrategia comunicacional orientada a proyectar ante la opinión pública que la defensa busca dilatar el proceso judicial.
A su juicio, dicha narrativa procura encubrir supuestas violaciones al debido proceso y justificar el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso penal, que asegura ya supera los cinco años y ocho meses desde su inicio en agosto de 2020.
El exfuncionario sostuvo además que nunca ha faltado a una audiencia ni ha incurrido en tácticas dilatorias, afirmación que, según expresó, ha sido constatada por los tribunales que conocen el caso.
Finalmente, reiteró que su interés es que el proceso se desarrolle conforme a la Constitución y las leyes, garantizando el respeto de los derechos fundamentales y el fortalecimiento institucional del sistema de justicia.
