La decisión del Banco BHD de investigar internamente, judicializar e informar públicamente sobre un fraude de aproximadamente 200 millones de pesos cometido por empleados de la propia institución merece ser reconocida como un acto de responsabilidad institucional.
En sociedades en las cuales con frecuencia los delitos electrónicos se ocultan en el silencio, la persecución judicial cierra el paso a la impunidad. No solo porque protege la credibilidad del sistema financiero, sino porque contribuye a enviar el mensaje de que el delito no puede encontrar refugio en el ocultamiento.
Investigar, llevar el caso a la justicia e informar a la sociedad fortalece la confianza pública y reafirma el principio de que ninguna estructura, por sólida que parezca, está exenta de vulnerabilidades ni debe colocarse por encima de la rendición de cuentas.
El caso adquiere además una dimensión mayor en un contexto en el cual el fraude digital, las estafas electrónicas y los mecanismos de chantaje virtual muestran un crecimiento preocupante.
Precisamente por eso cobra sentido la reciente campaña impulsada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones para incentivar la denuncia de delitos digitales.
Las autoridades han advertido que apenas alrededor del 15 % de las víctimas denuncia este tipo de hechos. El resto calla, ya sea por vergüenza, temor, desconfianza o la creencia de que no ocurrirá nada. Ese silencio termina favoreciendo a las redes criminales, que operan sobre la base de la invisibilidad estadística y la baja persecución efectiva.
Denunciar, por tanto, no es sólo un derecho individual; también es una responsabilidad social. Cada caso que se reporta contribuye a identificar patrones, perseguir estructuras delictivas y prevenir nuevas víctimas.
