La nueva frontera invisible: geopolítica y ciberseguridad redefinen el poder global

Por Johanna Pimentel.

En 2026, la ciberseguridad dejó de ser un asunto reservado a especialistas técnicos para convertirse en una herramienta central de poder nacional. Los Estados ya no compiten únicamente por territorio, energía o rutas marítimas, también buscan controlar datos, cables submarinos, semiconductores, inteligencia artificial, redes 5G, puertos inteligentes y sistemas de identidad digital. En ese escenario, la frontera entre espionaje, diplomacia, sabotaje y guerra híbrida se vuelve cada vez más difusa.

Asia: Vietnam entre la autonomía estratégica y la presión digital

Vietnam se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de diplomacia de equilibrio en Asia. Su estrategia, descrita a menudo como “diplomacia de bambú”, busca mantener vínculos económicos con China, profundizar la cooperación con Estados Unidos de América y conservar relaciones históricas con Rusia. Pero esa flexibilidad también expone al país a presiones cruzadas en materia de tecnología, defensa y seguridad digital.

En Vietnam, las amenazas no son abstractas. Informes de ciberinteligencia han señalado campañas asociadas a grupos APT vinculados a China, Rusia y Corea del Norte contra sectores como gobierno, telecomunicaciones, manufactura, energía y finanzas. En particular, las tensiones en el mar de China Meridional han convertido a Hanoi en un objetivo de espionaje digital, donde el robo de información estratégica, la vigilancia de infraestructuras críticas y el acceso persistente a redes estatales forman parte de una competencia regional que se libra tanto en los cables submarinos como en los despachos diplomáticos.

Vietnam como actor ofensivo: el caso OceanLotus/APT32

Aunque Vietnam suele presentarse como un país expuesto a presiones de grandes potencias, también ha sido asociado por firmas de ciberinteligencia y repositorios técnicos con operaciones ofensivas atribuidas a grupos alineados con intereses estatales vietnamitas. El caso más citado es OceanLotus, también conocido como APT32, SeaLotus o Canvas Cyclone, descrito por MITRE ATT&CK como un grupo sospechoso con base en Vietnam activo desde al menos 2014 y vinculado a campañas contra gobiernos extranjeros, periodistas, disidentes y empresas privadas, especialmente en el Sudeste Asiático.

Entre los casos más relevantes se encuentran operaciones de espionaje digital contra entidades gubernamentales y organizaciones regionales en países como Camboya, Laos y Filipinas, así como campañas contra objetivos vinculados a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

En 2020, reportes públicos también señalaron que actores asociados a OceanLotus habrían dirigido ataques de spear phishing contra organismos chinos, incluyendo instituciones relacionadas con la respuesta inicial al brote de COVID-19 en Wuhan. Vietnam rechazó esas acusaciones, lo que subraya la dificultad de la atribución en el ciberespacio: los indicios técnicos, los patrones de objetivos y los intereses estratégicos pueden apuntar a un Estado, pero rara vez equivalen a una admisión oficial.

Las tácticas atribuidas a OceanLotus incluyen correos de spear phishing, sitios web comprometidos, dominios falsos que imitan servicios legítimos, herramientas personalizadas de acceso remoto y técnicas de persistencia para mantener presencia prolongada dentro de redes objetivo. El interés de estas campañas no parece centrarse en el sabotaje abierto, sino en la recolección de inteligencia política, económica y estratégica: información sobre disputas marítimas, inversiones extranjeras, cadenas de suministro, activismo político y decisiones diplomáticas.

En ese sentido, Vietnam ilustra una realidad incómoda de la región: los países medianos no solo son víctimas de la competencia cibernética entre grandes potencias, sino que también desarrollan capacidades propias para defender intereses nacionales mediante operaciones encubiertas.

Rusia y China: operaciones híbridas y poder tecnológico

Rusia ha apostado por una estrategia de desgaste que combina presión militar, campañas de desinformación, espionaje digital y ataques contra sectores estratégicos. La guerra en Ucrania consolidó el ciberespacio como un frente permanente: redes eléctricas, sistemas logísticos, instituciones gubernamentales y medios de comunicación se volvieron blancos recurrentes de operaciones destinadas a erosionar la confianza pública y dificultar la respuesta estatal.

Hackers asociados al Estado ruso han sido señalados en múltiples operaciones contra otros países. Entre los ejemplos más citados figuran Sandworm, vinculado a la inteligencia militar rusa GRU, y APT28 o Fancy Bear, asociado a la unidad 26165 del mismo servicio. A Sandworm se le atribuyen ataques contra la red eléctrica ucraniana en 2015 y 2016, la campaña NotPetya de 2017 (que comenzó en Ucrania, pero causó daños globales a empresas y gobiernos), operaciones contra Georgia y acciones dirigidas a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018. APT28, por su parte, ha sido relacionado con intrusiones contra organismos electorales y políticos en Estados Unidos de América y Europa, la Agencia Mundial Antidopaje y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.

Estos casos muestran que, para Moscú, el ciberespacio funciona como una extensión de la política exterior: una herramienta para obtener inteligencia, castigar adversarios, interferir en procesos democráticos y proyectar poder sin cruzar abiertamente el umbral de la guerra convencional.

Europa también ofrece ejemplos recientes de cómo un ataque digital puede paralizar funciones públicas esenciales incluso cuando no existe una atribución estatal clara. En Rumanía, un ciberataque contra la Agencia Nacional de Catastro y Registro de la Propiedad dejó fuera de servicio la plataforma e-Terra, frenó compraventas, hipotecas y trámites notariales, y expuso la fragilidad de una base de datos que sostiene todo el mercado inmobiliario.

En Inglaterra, la British Library sufrió en 2023 un ataque de ransomware atribuido al grupo Rhysida: sus catálogos, sistemas internos y servicios digitales quedaron interrumpidos durante meses, se filtraron datos robados y la reconstrucción tecnológica se convirtió en un recordatorio de que bibliotecas, registros y archivos nacionales son también infraestructura crítica. Ambos casos amplían el mapa de la amenaza: no solo los ministerios de defensa o las redes eléctricas son objetivos estratégicos; también lo son las instituciones que guardan la memoria, la propiedad y la confianza administrativa de un país.

China, por su parte, combina una proyección más económica y tecnológica con capacidades avanzadas de ciber espionaje. Su influencia no se limita a Asia, se extiende mediante infraestructura portuaria, telecomunicaciones, plataformas digitales, minerales críticos y asociaciones estatales. La disputa por semiconductores, inteligencia artificial y control de cadenas de suministro con Estados Unidos de América ha convertido la tecnología en el principal campo de batalla de la rivalidad entre Pekín y Washington.

Estados Unidos: defensa, alianzas y control de cadenas críticas

Washington interpreta la ciberseguridad como un asunto de seguridad nacional, competitividad industrial y defensa democrática. Sus políticas de control de exportaciones, inversión en semiconductores, protección de infraestructura crítica y cooperación con aliados buscan impedir que tecnologías sensibles alimenten capacidades militares o de vigilancia de rivales estratégicos.

La rivalidad con China coloca a países intermedios ante decisiones difíciles: aceptar inversión china puede acelerar el desarrollo, pero también generar dependencia tecnológica; alinearse con estándares estadounidenses puede abrir mercados y cooperación en defensa, pero reducir margen de maniobra. En ese espacio gris se juegan hoy las reglas de la economía digital global.

América Latina: recursos, puertos, datos y vulnerabilidad institucional

América Latina emerge como una región clave en la competencia tecnológica global. El litio, el cobre, los puertos bioceánicos, los cables de fibra óptica, los sistemas de vigilancia urbana y las redes de telecomunicaciones convierten al continente en un espacio decisivo para China, Rusia y Estados Unidos. La región no es solo receptora de inversión, también es un terreno donde se define quién controlará las rutas de datos, energía y minerales del futuro.

Los casos recientes de ciber espionaje contra gobiernos latinoamericanos muestran que la vulnerabilidad institucional puede tener consecuencias geopolíticas. Argentina, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá y otros países han aparecido en análisis de amenazas vinculadas a actores estatales o grupos avanzados. El objetivo no siempre es destruir sistemas: muchas veces consiste en recopilar inteligencia sobre puertos, energía, defensa, recursos naturales o decisiones diplomáticas.

La República Dominicana ofrece un caso especialmente relevante para América Latina. El país avanza hacia una infraestructura pública digital más integrada, con identidad digital, Cuenta Única Ciudadana, nueva cédula con chip criptográfico y biometría, servicios catastrales en línea y mayor interoperabilidad entre instituciones.

Esa modernización puede reducir trámites, mejorar la eficiencia estatal y facilitar servicios financieros, sanitarios, educativos y registrales; pero también concentra riesgos. Cuando la cédula de identidad, el catastro, los pagos, los expedientes administrativos y otros registros esenciales dependen de plataformas centralizadas o altamente interconectadas, un fallo, una intrusión o un ataque de ransomware puede dejar sin funcionamiento procesos básicos del país: identificación, propiedad, crédito, salud, impuestos y contratación.

El riesgo no está en digitalizar, sino en hacerlo sin resiliencia suficiente: copias seguras, planes de continuidad, arquitectura distribuida, pruebas de recuperación, auditorías independientes, gobernanza de datos, protección de privacidad y capacidad real de respuesta sectorial. En ausencia de esas salvaguardas, la promesa de un Estado digital puede convertirse en un punto único de falla nacional.

Una agenda regional pendiente

Para América Latina, el desafío no es elegir mecánicamente entre Washington, Pekín o Moscú, sino construir capacidades propias: agencias de ciberseguridad con presupuesto estable, cooperación regional, normas de protección de datos, auditoría de proveedores tecnológicos, defensa de infraestructura crítica y formación de talento especializado. Sin esa base, la región seguirá negociando desde la vulnerabilidad.

La geopolítica del siglo XXI ya no se libra únicamente en mares, fronteras o bases militares. También se decide en servidores, centros de datos, satélites, algoritmos y redes eléctricas. Asia muestra cómo los países medianos intentan equilibrar grandes potencias; Rusia demuestra el peso de la guerra híbrida; China proyecta influencia mediante infraestructura y tecnología; Estados Unidos responde con alianzas y controles estratégicos; y América Latina enfrenta la urgencia de convertir su riqueza material y digital en soberanía real. En la nueva frontera invisible, quien controle la seguridad del dato controlará una parte esencial del poder.