El presidente Abinader dictó ayer un decreto con muchas medidas de austeridad. Es digno de aplausos cualquier esfuerzo por dar mayor racionalidad y modestia al gasto público, que tan afectado ha estado por la pandemia, aunque mayormente en las inversiones pues el gasto corriente y los subsidios han seguido a todo meter.

Sin embargo, leer el decreto da ganas de llorar y risa a la vez. Porque casi todos sus dispositivos poseen excepciones que minimizan o convierten en mera propaganda el alegado propósito de moderación.

Además, dispone sobre asuntos legislados, como la prohibición a la Policía de asignar alegremente personal activo para custodiar a quienes la Ley no hace merecedores de ese privilegio.

Tampoco menciona el renglón de mayor despilfarro, las multimillonarias propaganda y publicidad, que mantienen bien entonadas a cornetas e “independientes”.

Pero prohíbe gastar en imprimir memorias de instituciones, una forma de rendición de cuentas quizás más importante que financiar a “comunicadores” y programeros. Una cosa es gobernar con declaraciones y decretos; otra la realidad que acecha para cobrárselas…