En el entorno del recién electo presidente de la República, el economista y empresario Luis Abinader, se habla de la posibilidad de redimensionar el aparato estatal dominicano, eliminando algunas instituciones públicas y fusionando o reagrupando otras, cuyas funciones tienen elementos comunes.

Se argumenta que el propósito es mejorar la calidad del gasto público. La consigna de las nuevas autoridades es: “no se trata de gastar sino de gastar bien”.

Actualmente, el gasto público en el país representa alrededor del 16% del PIB, valor que está por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que es de alrededor del 27%.

Por otra parte, el empleo público representa el 15% del empleo total, mientras que el promedio de América Latina y el Caribe es de 11%; y la tasa de crecimiento del empleo en los últimos años ha sido del 5.1%.

A propósito de la proximidad de la toma de posesión de Luis Abinader, surge en el debate nacional la discusión acerca del tamaño del Estado Dominicano y la calidad del gasto público. Este debate se escenifica en un contexto especial: el surgimiento y globalización de la pandemia del “Coronavirus o el COVID-19”, la cual está provocando la más profunda crisis económica global desde la primera guerra mundial.

Al nuevo gobierno le tocará gestionar una economía dominicana caracterizada por una depresión económica, con pronóstico de una contracción del PIB proyectado en -5.3% por la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), y posiblemente una duplicación de la tasa de desempleo abierta que llegaría al 12% al final del año. En ese contexto, es de esperar un deterioro considerable en las finanzas públicas, expresado en un déficit fiscal en una horquilla entre 8% y 9% del PIB.

Este escenario induce a la cautela y la prudencia para evitar caer en una austeridad innecesaria. La austeridad no debe marcar las pautas en estos momentos. Lo que se necesita es aumentar la demanda agregada de la economía: más consumo privado, más inversión pública, y menos despilfarro. Una reducción en la demanda de la economía mayor que la existente, profundizaría la actual situación económica y social y retrasaría la recuperación una vez aparezca la vacuna del COVID-19.

Es muy cierto que hay excesos de nóminas innecesarias en el sector público, que hay que eliminarlas, pero en esta etapa del ciclo económico, las políticas de redimensión del Estado Dominicano deben tener un efecto suma cero en el gasto público: todo ahorro en un sector debe ser invertido en otro. Es como dice el refrán “Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre”.