Auditoria detecta 1,772 vehículos fuera de los registros del Ministerio Administrativo de la Presidencia y exceso en cajas chicas

Santo Domingo.– Una auditoría de la Contraloría General de la República detectó que 1,772 vehículos permanecían registrados en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a nombre del Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), pero no figuraban en sus libros auxiliares de activos fijos, mientras que tres cajas chicas manejaban RD$1.3 millones, con un excedente de RD$700 mil sobre el límite establecido por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

El informe corresponde al período comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023 y evaluó, entre otras áreas, la ejecución presupuestaria, tesorería, inventarios, bienes muebles e inmuebles, compras y recursos humanos.

Vehículos seguían a nombre del MAPRE

La Contraloría estableció que existía una diferencia de 1,772 vehículos registrados en la DGII a nombre del MAPRE, correspondientes a gestiones anteriores, que no aparecían en los registros auxiliares de activos fijos de la institución.

En su réplica, el Ministerio explicó que muchos de esos vehículos habían sido donados y se encontraban en poder de terceros, pero que las matrículas continuaban a nombre del MAPRE hasta completar los trámites legales para realizar los traspasos definitivos.

“Muchos de esos vehículos fueron donados y están en poder de terceros, pero la matrícula permanece a nombre del Ministerio Administrativo de la Presidencia”, explicó la institución en su respuesta.

Tras evaluar los argumentos, la Contraloría determinó que el hallazgo permanecía “en proceso de subsanación”.

En el informe, esa expresión significa que la institución había iniciado acciones para corregir la situación, pero que al cierre de la auditoría el proceso todavía no estaba completado o validado definitivamente por el órgano de control.

Cajas chicas superaban límite

Otro de los señalamientos estuvo relacionado con los fondos de caja chica. La Contraloría identificó tres cajas chicas por RD$1.3 millones, lo que representaba un excedente de RD$700 mil por encima de los límites permitidos por la normativa de la DIGECOG. El MAPRE respondió que realizó revisiones internas y procedió al cierre de varias de esas cajas.

Al 31 de enero de 2025, el Ministerio informó que mantenía una caja chica principal de RD$500 mil y otra correspondiente al Despacho de la Primera Dama por RD$200 mil, para un total de RD$700 mil.

También detalló el cierre de las cajas correspondientes a Nutrición, Ingeniería, Dirección de Proyectos y Tecnología. Ese hallazgo fue finalmente considerado subsanado.

La auditoría también identificó inicialmente siete cuentas bancarias vigentes que no estaban incorporadas al Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

El SIGEF es la plataforma utilizada por el Estado para registrar y controlar las operaciones financieras de las instituciones públicas.

El MAPRE explicó que algunas de esas cuentas no recibían ingresos de manera directa y que, según orientaciones previas de la Tesorería Nacional, no requerían inscripción. También aseguró que todas eran conciliadas mensualmente.

Luego de revisar la documentación, la Contraloría retiró del señalamiento una cuenta correspondiente al Fondo Rotatorio de Viáticos al comprobar que sí estaba registrada en el SIGEF, pero recomendó regularizar las restantes.

Este punto quedó en proceso de subsanación.

RD$2,285 millones en activos no estaban registrados en SIAB

La Contraloría determinó además que al momento de la auditoría apenas el 12 % de los activos fijos del MAPRE estaba registrado en el Sistema Integrado de Administración de Bienes (SIAB). Los auxiliares institucionales reflejaban activos por RD$2,599.2 millones, mientras que en el SIAB figuraban RD$313.7 millones.

Eso significaba que el 88 % de los activos, valorados en RD$2,285.5 millones, no estaba registrado en el sistema oficial. El MAPRE informó posteriormente que había avanzado en la incorporación de esos bienes y que al 31 de diciembre de 2024 ya había registrado alrededor del 90 % del valor correspondiente.

La Contraloría consideró el señalamiento subsanado.

Terrenos en La Vega pendientes

El organismo fiscalizador encontró además dos solares ubicados en el sector Despradel, provincia La Vega, registrados en la DGII pero ausentes de los auxiliares del MAPRE. Los terrenos estaban valorados en RD$5,710,125.

La institución explicó que su Dirección Jurídica buscaba los contratos de compraventa y los certificados de título para regularizar esos inmuebles.

Indicó que había realizado diligencias ante la DGII, la Contraloría, el Archivo General de la Nación y el Registro de Títulos, pero que todavía no habían sido localizados todos los documentos originales requeridos.

La Contraloría dejó este punto en proceso de subsanación.

Presupuesto subutilizado

En materia presupuestaria, el informe final establece que durante 2022 y 2023 quedaron RD$336.6 millones de presupuesto subutilizado. En 2022, el MAPRE ejecutó el 96 % de su presupuesto, mientras que en 2023 ejecutó el 92 %.

La Contraloría determinó que en conjunto quedaron RD$74.9 millones sin programar y otros RD$261.7 millones correspondientes a gastos programados pero no consumidos, para un total de RD$336,647,727.67.

El MAPRE explicó que algunos recursos son asignados de forma trimestral dependiendo de las recaudaciones del Estado y que determinados procesos de contratación pueden extenderse hasta el cierre del ejercicio fiscal, provocando que algunos pagos queden pendientes para el año siguiente.

Tras evaluar la explicación y las evidencias aportadas, la Contraloría decidió modificar ese apartado del informe.

Cuatro hallazgos permanecían en proceso

El resumen ejecutivo final recoge ocho hallazgos principales. Cuatro aparecen como subsanados: el exceso en cajas chicas, la falta de inventarios físicos semestrales, la actualización de activos en el SIAB y la inexistencia de entrega formal del inventario de bienes por parte de la gestión anterior.

Otros cuatro permanecían en proceso de subsanación: las políticas y procedimientos de presupuesto y donaciones, las cuentas bancarias pendientes de regularización en el SIGEF, los 1,772 vehículos registrados a nombre del MAPRE pero fuera de sus auxiliares y los dos terrenos de La Vega que no figuraban en los registros internos.

La Contraloría dispuso que los puntos pendientes debían ser acompañados de un plan de acción con responsables, fechas de corrección, medidas de mitigación y evidencias que permitieran comprobar posteriormente su completa regularización.