Los ejemplos hay que darlos con los grandes, pues así el mensaje llega con más contundencia.
Cuando el primer alto funcionario del Poder Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial sea sancionado de manera ejemplar por incumplir la ley que obliga a depositar una declaración jurada de bienes, los demás entenderán que deben acatarla.
Hasta ahora esa ley se ha tomado como una simple “sugerencia”, que la cumple el que quiera sin que le arrastre ningún tipo de consecuencias.
Resulta vergonzoso que sea quien dirige uno de los poderes públicos quien se salte esa norma, diseñada como un instrumento para combatir la corrupción.
¿Qué puede querer ocultar un funcionario que se resiste a entregar su declaración jurada de bienes?
Se puede sospechar que quien así actúa oculta una fortuna mal habida o la intención de desfalcar el Estado.
Esa es una ley que solo aplica a quienes manejan fondos públicos. El ciudadano que quiera librarse de esa obligación solo tiene que prescindir de servir en esas posiciones.
Lo más irritante es la permisividad de quienes están llamados a obligar al cumplimiento de esta disposición legal o sancionar a quienes la incumplen.
Definitivamente, así no se vale.
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