La Junta Central Electoral tiene la obligación de cumplir, simultáneamente, su rol de organizador de las elecciones y de árbitro del proceso.

Ambas responsabilidades son siamesas para garantizar comicios limpios, transparentes y justos.

La fase final de las campañas electorales suelen ser muy tensas e intensas.
No esperemos que esta sea la excepción.

Surgirán, como al efecto ya se están produciendo, denuncias y reclamos provenientes de los litorales opositores y oficialistas.

Con la Ley en la mano, la Junta debe darle respuestas a cada caso de la que es apoderada de manera formal.

De los partidos esperamos racionalidad en sus denuncias y en la postura frente a los resultados de sus reclamos.
Pero mientras eso ocurre, la Junta tiene que organizar unas elecciones que no dejan de tener su grado de complejidad.

Simultáneamente tendremos elecciones presidenciales y congresuales. En ese marco se elegirán en una boleta independiente a los senadores y al nivel de diputados se utilizará el voto preferencial, con la dificultad de que se vuelve a contar manual.

El tiempo se agota y el 5 de julio se aproxima. Los ánimos se crispan y las sospechas se extienden.

Sobre los hombros de la Junta Central Electoral recae una gran responsabilidad: organizar los comicios y jugar el rol de árbitro.