Yeni Berenice señala que el 70 % de homicidios se originan en causas sociales

Santo Domingo.-La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, reveló que la conflictividad social es la responsable de más del 70 % de los homicidios y hechos violentos registrados en el país en los últimos dos meses, impulsada por factores cotidianos como la contaminación sonora, riñas por parqueos y problemas de tránsito.

La jefa del Ministerio Público llamó a concertar un pacto de Estado contra la violencia y la criminalidad entre el empresariado, los partidos, las iglesias, la academia, los medios de comunicación y las juntas de vecinos.

Denuncias por ruidos
Reynoso detalló que sólo en el Gran Santo Domingo, el Ministerio Público ha recibido en lo que va de año más de 82,000 denuncias por contaminación sonora, siendo el municipio de Santo Domingo Este el que encabeza la mayor cantidad de reportes.

"No podemos decir que es un sector específico; lamentablemente es algo generalizado. Esto genera otras manifestaciones de conflictividad porque de ahí vienen las discusiones, las peleas, los heridos y, lamentablemente, los homicidios", advirtió la magistrada Yeni Berenice.

El patrón de denuncias indica que los domingos concentran la mayor cantidad de casos (con más de 27,000 reportes acumulados), seguidos de los viernes y sábados. La procuradora citó como ejemplo un hecho ocurrido en Santiago la semana pasada, donde una discusión por 50 pesos y música alta derivó en un homicidio y una persona herida.

La tasa de homicidios y agresiones físicas derivadas de la conflictividad social solía mantenerse en una media anual de entre 58 % y 60 %. Sin embargo, durante julio y agosto este indicador se disparó sobre el 70 %.

Reynoso explicó que estas cifras se entienden al sumar los diferentes detonantes de violencia comunitaria: contaminación sonora, con más de 82,000 denuncias sólo del Gran Santo Domingo; amenazas, con 26,000 denuncias acumuladas. En el 2025 se registraron más de 73,000 denuncias de la violencia de género e intrafamiliar.

Un pacto de Estado
Para la procuradora, combatir este fenómeno requiere una radiografía integral y una respuesta holística que supere las gestiones gubernamentales o partidarias. "Estoy convencida de que todas estas variables requieren un pacto de Estado contra la violencia y la criminalidad. Un pacto donde participe absolutamente toda la sociedad y donde veamos estos temas más allá de la política o del interés de un sector, porque República Dominicana es un país de todos”, enfatizó.

En relación con el trabajo institucional, Reynoso destacó la transformación del Ministerio Público desde el año 2020. Explicó que se han ejecutado más de 30 operaciones de alto impacto contra la criminalidad organizada que incluye el narcotráfico, la corrupción, la ciberdelincuencia y otras estructuras del crimen.

Subrayó que la estrategia actual dejó atrás el abordaje "caso a caso" para enfocarse en desmantelar los mercados criminales y sus beneficiarios. "En la persecución ordinaria de robos, por ejemplo, nos focalizamos en los tres grandes pilares del mercado ilícito: el robo de teléfonos celulares, motocicletas y metales. Analizamos cómo se comportan esos mercados, dónde están los focos rojos en el mapa de calor y quiénes se benefician", explicó.

La jefa del Ministerio Público indicó que esta política de persecución estratégica se ejecuta de manera coordinada con el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas, pasando de una respuesta reactiva a una verdadera política criminal de Estado.

Nueva unidad
Reynoso manifestó que se realiza una reestructuración dentro del Ministerio Público que incluye la creación de nuevas dependencias especializadas, entre las que destaca una unidad para la investigación y persecución de casos de niños desaparecidos, así como una unidad especial para el rastreo y localización de personas desaparecidas.

Asimismo, la magistrada informó sobre la puesta en marcha de la Fiscalía o Procuraduría Especial Antidrogas, una entidad que calificó como una necesidad imperiosa para el país. Esto abarca, además, una unidad de cartera de cobro para condenas, una especial para la imposición de multas y garantías económicas; una unidad especial para la gestión de procesos.

“Nosotros desde el principio hicimos un compromiso de que íbamos a trabajar con el equipo completo para que el servicio que se va a hacer se haga bajo un protocolo, a brindar un servicio estandarizado. Hemos estado trabajando en estandarizar los procesos y la calidad de los mismos, porque el servicio a las personas tiene que ser oportuno, de calidad y con mucha transparencia. Esto no sólo tiene que ser una opción de algunos directores, tiene que ser una política del Ministerio Público”, afirmó la procuradora Reynoso.

Participaron

—1— Estuvieron
Wilson Camacho, director de Persecución; Osvaldo Bonilla, de Asistencia Jurídica.
—2— Presente
Iván Félix, director del Proyecto G5; Isaura Suárez, directora de Carrera del Ministerio Público.
—3— Otros
María Rosalba Díaz, procuradora de corte y directora de Relevic.