La Junta Central Electoral envió a la Procuraduría General de la República dos casos en que funcionarios públicos amenazaban a empleados si no se acogían a sus lineamientos a la hora de votar y el opositor Partido Revolucionario Moderno también hizo sometimientos similares ante la misma instancia.

Todos los casos de acusaciones de delitos electorales de los que ha sido apoderada la Procuraduría General de la República son con relación a las elecciones del próximo domingo y cada uno está sustentado con elementos audiovisuales.

Como también tenemos elecciones en mayo, estos sometimientos no quedarán sepultados entre los reclamos y celebraciones de las elecciones del próximo domingo.

Estarán vigentes y de seguro que los actores políticos se encargarán de darle vigencia.
El país tiene una buena oportunidad para confirmar si realmente hay interés en perseguir los delitos electorales y evaluar el comportamiento de las autoridades bajo cuya responsabilidad ha quedado conocer esos casos para determinar culpabilidad o absolución.

Lo que hoy está tipificado en la Ley sobre el Régimen Electoral como delitos electorales son de las acciones que pervierten la democracia y que han impedido el fortalecimiento institucional.