Hasta ahora, excepción hecha de un candidato que aspiraba a la dirección de la Junta Distrital de Cañongo, en la provincia Dajabón, el cual habría dispuesto de su vida tras la derrota en las elecciones del pasado día 18, la violencia durante el proceso de elección y el de conteo de los votos se ha mantenido en unos límites que no ha interferido con el desenvolvimiento normal de las actividades cotidianas.

La Junta Central Electoral ha informado que hoy concluye el plazo para la presentación de impugnaciones y espera que el Tribunal Superior Electoral haya concluido el fin de semana que viene con el conocimiento y fallo de las apelaciones que sean presentadas.

Ha habido, sin dudas, desacuerdos con resultados, lo cual puede llegar a ser saludable con tal de que las inconformidades sean sometidas a los procedimientos establecidos para dilucidarlas.

Cuando se habla de una candidatura, por muy grande que sea la autopercepción de cada cual, de lo que se trata es de someterse a la valoración de otros a los que se les conoce generalmente como electores.

Si la orientación mayoritaria de estos electores no ha sido burlada, cualquier protesta puede y debe ser tolerada, pero con la condición de que se mantenga dentro de los límites del respeto al derecho ajeno y el orden público.
Todavía a la Junta Central Electoral le queda mucho trabajo por hacer en relación con la consulta del día 18, pero debe esperar el cumplimiento de los plazos de lugar.

Los propios partidos políticos y los candidatos presidenciales y a legisladores también deben de estar a la espera de la conclusión del conteo y la atribución oficial de victorias para afincarse en la otra campaña electoral.

La dificultad estriba en que la atribución de ganancia lleva implícito el reparto de las derrotas, que son las que nadie quiere, y cuando llegan por márgenes muy estrechos, menos apreciadas son.