Santo Domingo.-El Gobierno está prácticamente contra el tiempo para poner en marcha una reforma fiscal que le provea holgura financiera y le permita superar sus limitaciones a dos operaciones básicas: el pago de la deuda y de la nómina de empleados.
Hasta ahora no se conocen públicamente aprestos gubernamentales para la convocatoria al pacto fiscal, previsto en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), aunque este acusa un retraso de más de un año, algo que podría prolongarse más, debido a que el pacto eléctrico todavía no ha cerrado.
Este rezago operará como un caldo de cultivo para que el Gobierno siga financiado sus actividades con deuda externa e interna, aumente el déficit consolidado y las finanzas públicas entren a un interregno de mayor estrangulamiento, según expertos consultados.
“El pacto fiscal toma al menos 12 meses; no estoy seguro que sea aconsejable esperar todo ese tiempo sin un ajuste que se ha venido aplazando excesivamente”, comentó a EL DÍA una fuente bien informada del área financiera del Gobierno.
El paquete fiscal impuesto en 2012 a la llegada al poder por primera vez del presidente Danilo Medina –que se justificaba en un escenario de déficit fiscal equivalente al 8 % del Producto Interno Bruto (PIB)- luce agotado, aún con la entrada a principios de año de nuevos ITBIS diferenciados.
La presión del tiempo para el Gobierno tiene ribetes serios, si se parte de las nuevas expectativas creadas durante la campaña, la cual desembocó en unas elecciones que concretaron la reelección del presidente Danilo Medina y la retención de la mayor parte de las bancadas en el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
A esto hay que agregar las obras de infraestructura en marcha y los programas especiales del Gobierno vinculados con las áreas social, educación, salud, electricidad, desarrollo comunitario, microfinanzas y otros, que demandan cuantiosos recursos.
Respiro financiero
La primera gestión gubernamental del presidente Danilo Medina ha encontrado oxígeno financiero colocando bonos favorablemente (tasas de interés bajas y condiciones cómodas de plazo), pero el panorama ha cambiado en los mercados y ahora emitir deuda resulta mucho más costoso, debido a que los inversionistas buscan más rendimiento.
Futuras revisiones hacia arriba –que no se descartan en el corto plazo- de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés), complicarían todavía más el escenario para la República Dominicana en términos de encarecimiento de la deuda.
“Estaríamos emitiendo deuda más cara y pagando intereses más altos mientras la capacidad recaudadora del gobierno se reduce, con lo cual las presiones serán riesgosas para la estabilidad monetaria con sus principales indicadores de tasa de interés y tipo de cambio”, razonó uno de los expertos consultados.
Independientemente de la intrepidez del equipo técnico de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda –buscando las mejores condiciones para la emisión de títulos de deuda pública local e internacionalmente a los menores costos- el círculo parece cerrarse, pues la proporción de la deuda con relación al PIB se acerca al 50 %.
Según especialistas en finanzas públicas, este indicador no sería preocupante si la presión tributaria del país (14 %) no fuese una de las más bajas de la región de América Latina y el Caribe.
El gobierno de Medina tiene sobre sí el riesgo de terminar con la etiqueta de la gestión que más ha endeudado al país.
Desafíos en el camino
Representantes de las organizaciones empresariales del país han reafirmado que cualquier cambio en el sistema tributario del país debe ocurrir en el contexto del pacto fiscal, señalado en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.
A lo interno de los grupos empresariales concita atención un diseño fiscal y tributario del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), que promueve la calidad del gasto, la reducción de tasas impositivas y la simplificación del modelo fiscal prevaleciente para elevar la tributación.
En medio de la campaña electoral el presidente Medina planteó que en el país no se puede hablar de más incremento de impuestos, porque el ITBIS, el impuesto sobre la renta y los selectivos son más altos en promedio que en la región.
Sobre este planteamiento del gobernante no existe consenso total en el Gobierno, pues algunos cerebros influyentes creen que todavía hay espacio para ampliar la base del ITBIS, reenfocar la exención del impuesto sobre la renta en las zonas francas y –probablemente- establecer un gravamen especial a las ganancias del sistema financiero.
En donde así aparenta existir consenso –tanto en el sector público como en el privado- es en la revisión del gasto tributario, compuesto por exenciones, en las que entran múltiples leyes especiales, que actualmente equivalen al 7 % del PIB.
