200 mil mujeres quedaron desempleadas en RD por pandemia

200 mil mujeres quedaron desempleadas en RD por pandemia

200 mil mujeres quedaron desempleadas en RD por pandemia

Más de 200 mil mujeres perdieron sus empleos durante la pandemia en RD

SANTO DOMINGO. – La pérdida de empleos, las altas tasas de mortalidad materna, la falta de acceso a métodos anticonceptivos, la baja calidad de atención de los servicios sanitarios, la falta de educación sexual, la inexistencia de una política integral de atención a la violencia son algunas de las principales deudas del país con las mujeres.

Así indicó el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC) en el documento “Deudas y moras del país con las mujeres: Analizando los nudos que limitan la igualdad sustantiva y la autonomía 2022”, presentado por la Coordinadora, Desiree del Rosario; Dalul Ordehi, decana del Área de Ciencias Sociales y Humanidades, y Alliet Ortega, vicerrectora de Administración y Finanzas del INTEC, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.

Según el documento, más de 200 mil mujeres perdieron sus puestos de trabajo durante los peores momentos de la pandemia, una cifra 55% mayor que en el caso de los empleos perdidos por los hombres, por lo que la tasa de ocupación en las mujeres apenas se sitúa en 45.7%, mientras que en los hombres supera el 73.1%.

“Al tercer trimestre 2021, la tasa global de participación para las mujeres ascendía a 51.5%, mientras que en el caso de los hombres superaba el 75.7%. Este indicador muestra la relación entre población económicamente activa y la población en edad de trabajar, lo cual evidencia una brecha de más de 24 puntos porcentuales en favor de los hombres”, plantea el informe presentado en el INTEC.

La vicerrectora Alliet Ortega, precisó que el Estado tiene la gran deuda de crear y hacer efectivas políticas integrales que garanticen la inserción de las mujeres en el mercado laboral mediante empleos dignos, en igualdad de condiciones que los hombres, políticas para las tareas de cuidado que permitan la redistribución entre el Estado, las familias y otros sectores sociales.

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En tanto que, Desiree del Rosario, coordinadora del CEG, señaló que República Dominicana encuentra en los derechos sexuales y reproductivos una de sus más sostenidas deudas sociales con las mujeres. “Una de las vertientes principales en las que se manifiesta esa brecha social es en la calidad de atención de los servicios sanitarios, lo cual tiene como una de sus principales consecuencias los altos índices de mortalidad materna”.

Del Rosario destacó que, al cierre del año 2021, la tasa de mortalidad materna en el país ascendía a 169 por cada 100,000 nacidos, un 23% superior a la registrada al término del año 2020, cuando se situó 137 por cada 100,000 nacidos vivos.

En ese mismo orden, expresó que otras cifras que generan preocupación es el elevado número de cesáreas que se practican en el país. “Mientras la Organización Mundial de la Salud se adhiere a las recomendaciones de que la tasa ideal de cesáreas debe oscilar entre el 10% y el 15%, en el caso de República Dominicana, entre enero y diciembre 2021, las estadísticas administrativas limitadas a determinados centros públicos de salud indican que la proporción de cesáreas supera el 47%, unos 56,340 partos vías cesáreas”.

El CEG-INTEC lamentó que la cantidad de cesáreas se incrementa en los centros privados de salud, en los que, según algunas publicaciones, el indicador es cercano al 90%.

Asimismo, destacó que hay una elevada proporción de embarazos a temprana edad. “En términos absolutos, en 2021 se registraron al menos 14,555 partos vaginales en adolescentes de 10 a 19 años, otros 10,825 partos por cesarías, así como al menos 2,318 abortos dentro de la red pública de hospitales”, revela el documento.

El CEG-INTEC denunció que prevalecen barreras importantes en el acceso a métodos anticonceptivos. Al citar un informe del PNUD, indica que el 55% de las mujeres afirmaba no haber recibido información sobre salud sexual y reproductiva, a la vez que un 22% señaló que no utilizó ningún método anticonceptivo después de su primer embarazo, lo que provoca una prevalencia de enfermedades de trasmisión sexual elevada en el país.

Educación sexual

En otro orden, Dalul Ordehi, decana del Área de Ciencias Sociales y Humanidades, manifestó que la educación integral en sexualidad sigue siendo casi inexistente en el país, lo que impacta en las tasas de embarazo adolescente, que a su vez se relaciona con la deserción escolar lo que agrava la situación de las niñas.

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“Según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2018, un 33.1% de adolescentes de 15 a 19 años dejaron de asistir a la educación formal durante el embarazo de su primer hijo o hija, el indicador se eleva a 36.5%. en las zonas rurales”, dijo Ordehi.

La doctora en Psicología sostuvo que lo más alarmante lo constituye el porcentaje de las adolescentes de 15 a 19 años que no continuó sus estudios luego del nacimiento de su primer hijo o hija, indicador que se sitúa en torno al 46.5% en las zonas urbanas, pero que llega al 55.6% en los entornos rurales, según datos de la Oficina Nacional de Estadística.

Feminicidios

El documento presentado por el CEG-INTEC señaló que al año 2020, República Dominicana registra la segunda tasa más alta de feminicidios entre las democracias de América Latina, con 2.4 por cada 100,000. La lista está encabezada por Honduras (4.7 por cada 100,000 mujeres), República Dominicana y El Salvador, según datos de la Cepal.

El Centro de Estudios de Género denunció que en República Dominicana las mujeres conviven en una sociedad sexista, generadora de múltiples desigualdades estructurales “que se refuerzan y reproducen en las relaciones entre hombres y mujeres, en la política, la economía y la cultura y todos los ámbitos sociales”.

Al presentar el documento Rosario, Ordehi y Ortega destacaron los grandes retrasos en el ejercicio real y garantía de los derechos humanos y fundamentales de las mujeres y exigieron políticas públicas que consideren las desigualdades y que sean coherentes con los propósitos de la transformación social.



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