En República Dominicana, el Código de Trabajo, en su artículo 228, establece que los hoteles, bares y restaurantes cobren de manera obligatoria el 10 % de propina “a fin de ser distribuido íntegramente a los trabajadores que han prestado servicio”.
En su artículo 229 indica que este monto debe ser liquidado semanalmente en partes iguales; y el artículo 230 señala que los empleadores deben justificar el reparto y entrega de dichas sumas; es decir, tener la evidencia de que lo están haciendo.
Todo esto vendría a garantizar que los empleados tengan un ingreso adicional según el volumen de ventas. Por un lado aumentando la remuneración del trabajador y por otro motivándole a dar un buen servicio, pues del éxito del negocio vendría a también a ser su propio éxito.
Hace un tiempo le pregunté a una joven: “¿Ese dinero de la propina, en verdad se lo entregan a ustedes?”. Con toda naturalidad me respondió: “Yo nunca he visto de ese dinero”. Luego pregunté en otros establecimientos y obtuve respuestas similares.
La mayoría de los establecimientos se quedan con ese dinero, y toman para su provecho lo que está concebido para el beneficio de sus empleados. Y de esos ingresos, correspondiente al 10 % de propina, ni siquiera pagan impuestos. Por lo que le están robando al cliente, al trabajador y al Estado.
La pregunta es: ¿quién fiscaliza que esto se cumpla? ¿Existe en el Ministerio de Trabajo alguna unidad encargada de eso? Y si la hay: ¿está haciendo su trabajo?
Lo cierto es que es un secreto a voces que los establecimientos, por regla general, se quedan con ese dinero.
La invitación es a que se garantice que ese dinero llegue a los trabajadores, o que se elimine ese pago obligatorio.
Lo peor es que como la propina ya está en la factura, la mayoría de las personas no dan propina voluntaria, y es así como los trabajadores se quedan sin pito y sin flauta.
