La designación del magistrado Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene una trascendencia mucho mayor de lo que podemos imaginar.
Es la primera vez que un juez de carrera alcanza la presidencia del Poder Judicial. Parecería lógico que quien dirige a los jueces sea alguien que ha dedicado su vida a ejercer esa función.
Sin embargo, históricamente los gobernantes designaban abogados de su entorno y confianza para dirigir la justicia. De un día para otro, un abogado en ejercicio se convertía en el máximo representante de los jueces.
Esta práctica llegó a normalizarse tanto que el presidente saliente de la Suprema Corte fue designado mientras ocupaba una alta función en el gobierno de Danilo Medina, y siendo miembro del Comité Central del PLD.
Con esta decisión, el presidente Luis Abinader reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y la independencia de la justicia.
En nuestra historia democrática, pocos gobernantes han estado dispuestos a renunciar a parcelas de poder para fortalecer las instituciones. Juan Bosch fue uno de ellos. Hoy, Abinader también da pasos en esa dirección.
Lo hemos visto en la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral, la Procuraduría General de la República, la Junta Central Electoral y el Tribunal Constitucional.
Las grandes obras transforman ciudades, pero las instituciones sólidas transforman naciones. Las carreteras y los edificios pueden levantarse en pocos años; construir una verdadera democracia requiere generaciones. Fortalecer las instituciones es sembrar un futuro en el que ningún ciudadano dependa de la voluntad de un gobernante, sino de la fuerza de sus derechos.
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