Santo Domingo.-La Comisión Especial  de diputados que estudió el conflicto interno de la Junta Central Electoral   determinó  ayer que los miembros titulares  de ese organismo no cometieron faltas graves en el ejercicio de sus funciones, por lo que no  procede un juicio político.

El  enfrentamiento entre los funcionarios surgió por la denuncia que hizo   José Ángel Aquino sobre  la supuesta  no entrega de 22,673 de actas de nacimiento  y otros documentos a ciudadanos hijos de inmigrantes haitianos.

Los legisladores sancionaron  el informe con 124 votos a favor y siete en contra.

El informe presentado por la comisión que encabezó el diputado peledeísta Henry Merán  establece que    los titulares de la  JCE han  cometido imprudencias e inobservancias en la conducción y manejo de los temas investigados, “lo cual constituye un precedente a tomar en cuenta por la Cámara Baja, y que de repetirse dichas imprudencias el Congreso hará uso de sus perrogativas establecidas en la Constitución”.

En ese sentido, los legisladores hacen un llamado  de atención público  y categórico a los miembros del órgano electoral para que en  el pleno vuelva a imperar la armonía y el comedimiento como garantía del fiel cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Congreso vigilante

Aseguran que el Congreso se mantendrá atento  y vigilante ante sus acciones y proceder, y que no escatimará esfuerzos en procura del fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad en el  país.

En ese sentido, recomendó al pleno de la Junta Central Electoral acoger las conclusiones del informe de la comisión especial de Diputados, como conocimiento y respeto a las atribuciones constitucionales de  manera de fiscalización.

Destacó que la documentación completa   consta de 4,719 páginas, en las que en 407 se consigna    la  entrevista a  cada uno de los miembros del tribunal  electoral.