Tras cerca de dos décadas de discusiones, la semana pasada el Congreso hizo ley la versión revisada del Código Penal dominicano.

Quizás su más controvertido aspecto es que prohíbe casi absolutamente el aborto provocado o interrupción del embarazo.

En un sondeo informal del diario Hoy, 74 % de los respondientes expresaron no estar de acuerdo con esa prohibición, que castiga el aborto aún cuando el estado resulte de una violación, peligre la vida de la madre o el feto sea inviable.

El tema es peliagudo: mezcla cuestiones científicas y religiosas, éticas y políticas, morales y prácticas. Estoy opuesto al aborto como recurso barbárico para sustituir la imprevisión anti-conceptiva, pues equivale al asesinato de los seres más indefensos.

Pero así como lo único absoluto para los creyentes es la certeza de Dios, imposiblemente podrían humanos legislar para impedir aquellos abortos que la ciencia médica, la prudencia y la piedad indican como tristemente necesarios.

Es horroroso que legisladores capaces de apañar vagabunderías y cometerlas ellos mismos, cedan al chantaje de minorías de terroristas morales.