Yeni Berenice Reynoso: Catastro Penitenciario concluye el 30 de agosto con 91.5% de avance
- Procuradora defiende la política de persecución del Ministerio Público y prisión preventiva.
Santo Domingo.- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informó que el Catastro Penitenciario ha alcanzado un 91.5% de ejecución tras registrar los datos biométricos de cerca de 22,000 personas privadas de libertad. Se tiene previsto concluir el levantamiento el próximo 30 de agosto.
“Ya tenemos el 91.5% de la culminación del Catastro Penitenciario. Es un sistema digital integral que se entregará al Ministerio de Justicia, al Ministerio Público, a la Suprema Corte de Justicia y a la Dirección General de Prisiones”, precisó la magistrada.
Un censo biométrico pionero en la región
El Catastro Penitenciario es un sistema digital que recopila datos biométricos, jurídicos, socioeconómicos y de salud de cada interno. Su objetivo es ofrecer una radiografía exacta y en tiempo real del sistema carcelario nacional.
“Yo puedo asegurar que en Iberoamérica no habrá un sistema con la precisión de datos que tendrá República Dominicana. Se ha elaborado con la tecnología más avanzada: captura de huellas dactilares, reconocimiento facial y digitalización completa de cada expediente procesal”, manifestó Reynoso.
La herramienta permitirá segmentar y clasificar la población carcelaria bajo criterios unificados, diferenciando entre delitos menores y graves, además de ponderar factores como el perfil de riesgo y la edad del interno.
Mitos sobre la prisión preventiva y los acuerdos procesales
Respecto al debate sobre la alta presencia de privados de libertad preventivos, la procuradora enfatizó que históricamente se ha argumentado con base en percepciones y no en evidencia estadística, razón por la cual este primer censo resulta indispensable para el diseño de políticas públicas.
Reynoso rechazó la tesis de que el Ministerio Público solicita privación de libertad de forma indiscriminada. A partir de esta cifra técnica, la magistrada desmonta el “mito” de la prisión preventiva masiva y reafirma la postura vertical del órgano persecutor frente al crimen organizado y los delitos graves.
“El año pasado recibimos más de 260,000 casos y la población carcelaria no llega a 30,000 personas. No hay que ser un ingeniero en estadística de la NASA para comprender que la hipótesis de un Ministerio Público punitivo e indiscriminado no se sostiene en los datos”, argumentó.
La jefa del Ministerio Público atribuyó la alta tasa de prisión preventiva a dos factores principales:
Baja cultura de acuerdos procesales: “Somos uno de los países que menos acuerdos realiza. Mientras en otras legislaciones con códigos similares a los nuestros los acuerdos alcanzan hasta un 80%, en la República Dominicana no llegamos ni al 20%”, explicó Reynoso.
Dilación en los procesos judiciales: “Si para conocer un caso el sistema se toma entre 5 y 6 años, la tasa de preventivos se mantendrá elevada. Lo que debemos reducir es el tiempo de sustanciación de los procesos” dijo la magistrada
Línea de persecución inflexible frente a delitos graves
La magistrada reiteró que el rol constitucional del Ministerio Público es dirigir la política de persecución penal y defender a las víctimas, por lo que mantendrán la solicitud de medidas de coerción severas en casos de homicidio, narcotráfico a gran escala y crimen organizado.
“Nuestra directriz es clara: ante un homicidio o narcotráfico grave, vamos a solicitar prisión preventiva. El Ministerio Público no va a variar esa política de persecución. En un Estado de derecho, el fiscal acusa, la defensa defiende y los jueces deciden. Mal haría la sociedad con un Ministerio Público que no solicite la privación de libertad para quienes cometen delitos graves”, concluyó Reynoso.
La procuradora general ofreció estas declaraciones durante su participación en el tradicional Almuerzo Semanal del Grupo Corripio, donde estuvo acompañada por una alta delegación del Ministerio Público integrada por: Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público.
Osvaldo Bonilla, procurador adjunto y director de Asistencia Jurídica Internacional y Derechos Humanos; Iván Félix, procurador adjunto y director del Proyecto G5 (Transformación tecnológica en las investigaciones y el Sistema Nacional de Atención); María Rosalba Díaz, procuradora de corte y directora del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas (RELEVIC) e Isaura Suárez Salcedo, directora de la Carrera del Ministerio Público.
Por parte de los ejecutivos del Grupo Corripio, el encuentro contó con la presencia de los empresarios José Alfredo Corripio y Manuel Corripio.
Sobre el autor
Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.
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