Viviendo al borde, entre la lluvia y la indiferencia

Cada vez que llueve intensamente en el país, asistimos al mismo guion trágico; carreteras colapsadas, crecidas de ríos, viviendas destruidas, comunidades incomunicadas y miles de personas desplazadas. La lluvia hace visible una realidad que persiste bajo cielos despejados: Desigualdad Social Estructural y la Inacción del Gobierno ante el Riesgo y la Pobreza.

Estos eventos no son fortuitos ni imprevisibles, nuestra isla se encuentra en la ruta de los huracanes y está catalogada como uno de los países más vulnerables al cambio climático, sin embargo, seguimos sin ver políticas públicas sólidas y sostenidas en el tiempo, que enfrenten con seriedad los desafíos climáticos y sociales del país. Se habla de “gestión del riesgo”, como si bastara con enviar ayuda humanitaria después del desastre, cuando en realidad este concepto incluye cuatro componentes claves: Estimación, Prevención, Reducción y Preparación, pero la práctica se reduce a acciones paliativas, socorrer tras el desastre, NO PREVENIRLO.

Mientras nos distraen con discursos sobre la «Vieja Orden«, la inmigración haitiana y otros contenidos que desvían la atención, las verdaderas urgencias del pueblo siguen sin respuestas, estos temas, importantes en sus contextos, no pueden seguir oscureciendo las urgencias reales del país. La desigualdad, es más que una estadística, es una sentencia de precariedad para millones. Según datos de la Cepal (2023) el 10% de la población dominicana, de menos ingresos, percibía menos del 1% del ingreso nacional, mientras que el 10%, de mayores ingresos, percibía más de la mitad con un 55%, esto se traduce, en un acceso profundamente desigual a servicios básicos como; Salud, Educación, Agua Potable, Electricidad y, especialmente, Vivienda Digna.

Más de un millón de dominicanos/as viven sin una casa adecuada, ya sea por condiciones de hacinamiento, falta de infraestructuras o ubicación en zonas de alto riesgo, solo en 2023, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó más de 20,000 personas desplazadas por lluvias e inundaciones.

A esto se suma que, en áreas urbanas de expansión, se estima que, el 60% de las viviendas se construyen sin seguir normas de seguridad o regulación alguna. El resultado; comunidades enteras asentadas en márgenes de ríos, cañadas, pendientes inestables y suelos inseguros.

Según el Índice de Riesgo Climático Mundial (2021), República Dominicana ocupa el lugar 11 entre los países más afectados por eventos climáticos extremos en las últimas dos décadas. Este dato debería motivar una transformación radical en nuestra manera de construir, habitar y planificar nuestras ciudades y territorios, pero, lejos de eso, predomina la improvisación, la falta de inversión en infraestructuras resilientes y la ausencia de planificación a largo plazo.

Los pilares de la gestión integral del riesgo de desastres, son ignorados sistemáticamente, el Estado responde cuando el problema ya está encima, como si la pobreza, la exclusión y la exposición al peligro fueran fenómenos “naturales” y no, como realmente son, consecuencias directas de decisiones (y omisiones) políticas.

El desinterés del gobierno en enfrentar estas problemáticas de forma estructural es evidente. Los planes de desarrollo urbano y rural siguen respondiendo más a intereses particulares y las necesidades del mercado que, al bien común, las políticas habitacionales no se enfocan en reducir la desigualdad, y la gestión del riesgo se limita a lo inmediato, en lugar de reducir la vulnerabilidad, se perpetúa.

Las inversiones públicas se concentran en megaproyectos que poco impactan en la vida de quienes más lo necesitan. Mientras tanto, las comunidades vulnerables son obligadas a resistir en soledad, año tras año, tormenta tras tormenta.

Frente a este panorama, el Empoderamiento Ciudadano, se vuelve más urgente que nunca, la solución no vendrá solo desde arriba, se necesita una ciudadanía activa, organizada, que exija sus derechos y que proponga alternativas; Las demandas por una vivienda digna, servicios básicos y entornos seguros, deben dejar de ser peticiones individuales y convertirse en Movimientos Colectivos.

El derecho a vivir sin miedo a la próxima tormenta, a no perderlo todo una vez más, a dormir bajo un techo seguro y planificado, no es una utopía, es un deber del Estado y un derecho constitucional, pero solo será una realidad cuando quienes más lo necesitan tengan voz y fuerza política suficiente para reclamarlo.

No es la lluvia la que nos desborda, es la desigualdad. No es el río el que se lleva nuestras casas, es el abandono institucional. No es la naturaleza quien expulsa a los más pobres, es la falta de políticas públicas dignas, inclusivas y planificadas.

Es hora de dejar de actuar cuando el desastre ya está hecho, la gestión del riesgo debe ser parte de una visión más amplia de justicia social y desarrollo humano, prevenir salva vidas y garantizar derechos también es prevenir.