Barahona.– El director general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Marino Vinicio Castillo, advirtió hoy de la existencia de una estrategia de escala mundial para desmoralizar al pueblo dominicano, la cual busca colocar y calificar al país como “genocida, xenófobo y carente de solidaridad”.
Castillo se refirió en esos términos durante su discurso en el marco del encuentro IPAC: Un Modelo de Gobierno Abierto, realizado en las instalaciones de la Universidad Católica y Tecnológica de Barahona (UCATEBA), entidad con la que también se firmó un acuerdo.
El funcionario destacó que, la entidad que dirige está haciendo un esfuerzo “contracorriente” al convocar y asistir a la gente, siendo participe de iniciativas para un gobierno abierto, sin dejarse enroscar por lo que denominó las “camarillas de la denuncia profesional”, pagada con fondos extranjeros, ya que la experiencia de los últimos meses, ha sido ver el estremecimiento de los ciudadanos a través de acusaciones “incalificables, mal sanas y perversas a escala mundial”.
El jurista sostuvo que ese tipo de estrategia está programada para desacreditar al Estado en su conjunto.
Durante su ponencia, Castillo expresó la importancia de la participación social en este tipo de iniciativas que dotarán al país de un ordenamiento jurídico eficaz y moderno.
En la jornada IPAC estuvieron presentes, Pedro Peña Rubio, gobernador civil de Barahona; el reverendo padre Secilio Espinal, rector de UCATEBA junto a Pelagio Díaz, director del Departamento de Extensiones. Además, Miguel Suazo Báez, director ejecutivo de la DIGEIG, entre autoridades civiles y municipales, así como miembros de la sociedad civil.
El acuerdo DIGEIG -UCATEBA
El acuerdo DIGEIG-UCATEBA consiste en desarrollar un programa de difusión de valores éticos y morales, en consonancia con las normativas que regulan la transparencia y el fortalecimiento institucional en la gestión pública.
La firma del referido convenio promueve la transparencia de la función pública, vía el marco jurídico de Acceso a la Información, como derecho ciudadano, una Ley de Compras y Contrataciones para contrarrestar la corrupción; la creación de comisiones de ética, como vigilantes del cumplimiento, entre otros.
