Varios médicos en caso SeNaSa 2.0 habrían usado datos de afiliados para sustentar reclamaciones por servicios no recibidos
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), en el marco de la investigación del caso SeNaSa 2.0-A, señala la participación de varios médicos y sostiene que se utilizaron datos personales de afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para sustentar reclamaciones médicas por servicios que estos aseguran no haber recibido.
Según la orden de arresto contra los implicados en el caso SeNaSa 2.0-A, el Ministerio Público remitió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) formularios de reclamaciones médicas presuntamente firmados por afiliados, con el propósito de realizar experticias caligráficas.
Los resultados de esas experticias, de acuerdo con la investigación, determinaron que varias de las firmas estampadas en los formularios de reclamaciones médicas no se corresponden con las firmas de los afiliados.
Entre los médicos mencionados en la investigación figuran Adriano Hernández López, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Rafael Borrome Valdez, Wellington Aristides Ledesma Cáceres, Yocaira Antonia Méndez Beltré de Medina, Steven Alexander Rabssa Fernández y Eulalia Fiordaliza Castro López, entre otros que actualmente se encuentran bajo investigación.
El Ministerio Público sostiene que estos, en asociación ilícita con Ángel Luis Guzmán Vásquez, quien se encuentra en prisión por su implicación en la estructura investigada en la primera parte del caso SeNaSa, desmantelada mediante la Operación Cobra, habrían estructurado y ejecutado de manera coordinada un esquema de estafa en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Esta acción, según la acusación, generó un perjuicio económico significativo al sistema dominicano de seguridad social y vulneró gravemente la confianza pública depositada en el ejercicio de la medicina.
Para la ejecución de estas acciones, el imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez y sus asociados seleccionaban estratégicamente perfiles de afiliados con un bajo historial de interacción institucional, minimizando así el riesgo de detección del fraude.
A nombre de estos usuarios, iniciaban solicitudes de autorización a través del Call Center de SeNaSa y, una vez obtenidas, completaban el proceso mediante la elaboración y presentación de facturaciones sustentadas en documentación que el Ministerio Público califica de falsificada.
Este proceso culminaba con el desembolso de fondos públicos a los médicos investigados por servicios que, según la investigación, los afiliados nunca requirieron ni recibieron. El Ministerio Público sostiene que estos habrían retornado parte de las ganancias al imputado Ángel Luis Guzmán y su grupo.
Afiliados niegan haber recibido servicios
En el caso SeNaSa 2.0-A, un grupo de afiliados de la ARS SeNaSa habría sido perjudicado por esta estructura criminal.
Según la investigación, a pesar de figurar con formularios de reclamaciones médicas, algunos de estos afiliados no recibieron ningún tipo de servicio por parte del doctor Adriano H. López.
El expediente también señala múltiples transacciones financieras entre el médico y el imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Otro grupo de afiliados habría sido afectado mediante reclamaciones atribuidas a la doctora Griselda Basora, quien, de acuerdo con la investigación, también aparece vinculada al investigado Ángel Luis Guzmán Vásquez por distintas transacciones financieras.
El Ministerio Público ha entrevistado a una cantidad significativa de afiliados, quienes han manifestado de manera categórica no haber recibido los servicios médicos que constan en los formularios de reclamaciones médicas elaborados a sus nombres.
Los declarantes manifestaron, además, desconocer a los médicos que firman los referidos formularios y los diagnósticos plasmados en ellos, según la orden de arresto contra los implicados en el caso SeNaSa 2.0-A.
Asimismo, establecieron que nunca visitaron los centros médicos ni los consultorios donde figuraban las autorizaciones, y fueron enfáticos al señalar que no solicitaron, no firmaron ni recibieron los procedimientos médicos registrados a sus nombres.
Otros afiliados entrevistados
expresaron, incluso, que en las fechas y horas en que se reportó la realización de procedimientos quirúrgicos o consultas especializadas se encontraban realizando actividades que hacían imposible su presencia en los centros de salud.
Entre estas situaciones, se documentó que algunos estaban en sus lugares de trabajo, en sus hogares, fuera de la ciudad o, en casos específicos, fuera del país, descartando, según sus declaraciones, cualquier posibilidad de haber asistido a las consultas o cirugías registradas a sus nombres.
Asimismo, los afiliados entrevistados coincidieron en manifestar que desconocen por completo tanto la existencia como la ubicación de los centros de salud o consultorios donde supuestamente recibieron atención.
Afiliados reportaron servicios que aseguran no haber recibido
Además de esto, múltiples afiliados reportaron directamente a SeNaSa servicios que aseguran no haber recibido por parte de varios médicos, entre ellos Adriano Hernández López, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Laura Altagracia Santana Evangelista, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Rafael Borrome Valdez, Wellington Aristides Ledesma Cáceres, Yocaira Antonia Méndez Beltré de Medina, Steven Alexander Rabssa Fernández y Eulalia Fiordaliza Castro López, así como otros médicos investigados.
Según el expediente, estos médicos presentan múltiples transacciones financieras con el imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez, conforme a la revisión de sus informaciones financieras realizada durante la investigación.
La coincidencia entre estos testimonios, provenientes de afiliados residentes en puntos geográficamente distantes de toda la geografía nacional y con perfiles diversos, es presentada por el Ministerio Público como evidencia de una selección deliberada de víctimas.
Los imputados, según la investigación, escogían perfiles que, por su ubicación o baja frecuencia de uso del seguro, resultaran difíciles de localizar o monitorear, bajo la premisa de que estos no detectarían el uso inconsulto de sus datos personales.
Este patrón, de acuerdo con el Ministerio Público, revela una estructura delictiva ejecutada con método y planificación, orientada a defraudar de forma sistemática al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), mediante la suplantación de identidad y la falsificación de firmas.
Experticia caligráfica del INACIF
Durante la investigación, el Ministerio Público remitió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) formularios de reclamaciones médicas y documentación relacionada con los afiliados afectados, para que se practicaran experticias caligráficas.
En ese sentido, respecto de la doctora Griselda Basora, fueron remitidos al INACIF formularios de reclamaciones médicas presuntamente firmados por afiliados. Al realizar el examen pericial de las firmas, se determinó, según el expediente, que las firmas de los referidos formularios no se correspondían con las firmas de los afiliados.
Asimismo, respecto del doctor Adriano H. López fueron remitidos al INACIF formularios de reclamaciones médicas presuntamente firmados por afiliados. La experticia realizada, según la investigación, determinó que las firmas de los referidos formularios no se correspondían con las firmas de los afiliados.
Igualmente, con relación al doctor Edwin Batista, fueron remitidos al INACIF formularios de reclamaciones médicas presuntamente firmados por afiliados. Al realizar el examen pericial, se determinó, de acuerdo con el expediente, que las firmas de los referidos formularios no se correspondían con las firmas de los afiliados.
En cuanto a la doctora Laura Altagracia Santana Evangelista, también se remitieron al INACIF formularios presuntamente firmados por afiliados. El examen pericial determinó, según la investigación, que las firmas de los referidos formularios no se correspondían con las firmas de los afiliados.
Sobre el autor
Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.
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