Federico Alberto Cuello
“El gobierno es el problema” decía Ronald Reagan. “Restringir el rol del Estado nos curará del socialismo” predicaba Margaret Thatcher.
Más de 40 años después, de poco sirvió el recetario neoliberal a sus herederos en Londres y Washington confrontados con el COVID-19 y sus secuelas de alto contagio, alta mortalidad para los mayores de 60 y desplomes económicos generalizados.
8 empresas farmacéuticas recibieron de sus gobiernos casi US$10 mil millones durante 2020 para desarrollar, fabricar y distribuir vacunas contra el virus.
Estos generosos —y necesarios— aportes del erario para desarrollar vacunas al vapor fueron asignados por contratistas vinculados financieramente a las empresas farmacéuticas, como denunciara la Senadora Elizabeth Warren.
No debe sorprender a nadie, pues, que no hubiera compromiso alguno con precios asequibles ni que se negociaran contratos transparentes para su comercialización —como reclama Public Citizen en los EEUU— o que se compartiera la propiedad intelectual de “hallazgos de investigación que no son privados, por ser financiados con fondos públicos” como demanda en Ginebra la Subsecretaria General de la ONU Winnie Byanyima.
Parece que la generosidad del gobierno es buena si produce beneficios privados a costa del interés del público, en cuya defensa actúa la OMS.
Como sabemos, la OMS tiene desde abril un “Acelerador del Acceso a los Instrumentos del COVID-19” (ACTA) —al cual ingresó la República Dominicana pocas semanas después— para garantizar la disponibilidad oportuna y suficiente de vacunas en un mercado mundial como el farmacéutico que es todo menos libre.
Queda la duda, sin embargo, sobre la efectividad de estas vacunas al vapor.
La de AstraZéneca, desarrollada en la Universidad de Oxford gracias a un donativo de US$1.2 mil millones y una orden en blanco de US$300 millones, es el adenovirus de chimpancés modificado genéticamente para incluir genes del COVID-19 que generan una respuesta inmunológica una vez inyectado en el cuerpo humano.
Será distribuida a un precio de entre US$3 y US$4 por dosis. Podrá conservarse entre 2C y 8C. Su efectividad, de entre 70% y 90%, ha sido puesta en duda por contradicciones en los datos de prueba. Es la que países como el nuestro recibirán gracias al ACTA.
Con hasta 95% de eficacia, la vacuna desarrollada por BioNTech en Alemania y distribuida mundialmente por Pfizer fue la primera en anunciarse. Utiliza ARN modificado para reprogramar genéticamente nuestras células. Las primeras 100 millones de dosis fueron prevendidas a US$19.50 pese a carecer de aprobación regulatoria.
Y con 94% de éxito, la de Moderna también reprograma nuestros genes para “enseñarles” a confrontar el COVID-19. Se desarrolló con fondos públicos de casi US$2.5 mil millones, incluyendo la preventa de las primeras 100 millones de dosis. Luego se comercializará por entre US$25 y US$37 la dosis.
La de Moderna requiere refrigerarse a -20C y la de BioNTech a -70C, dificultando su distribución en países calientes, carentes de cadenas de frío.
Pese a su menor efectividad, parece que utilizar la vacuna de AstraZéneca, disponible a través del ACTA, será la única alternativa realista para erradicar la pandemia, recuperar el crecimiento y revertir el desempleo.
