Santo Domingo.-“Enfermarse en este país es un lujo”, así lo afirman algunos pacientes que han pasado ellos o sus familiares por alguna situación de salud y han tenido que recurrir a un centro privado en busca de atención.

Muchas personas muestran indignación porque a pesar de contar con un seguro médico por el que pagan mensualmente, cuando asisten a los centros deben hacer pagos elevados por diferencias o algún depósito por internamiento.

Un cantante del país, que acostumbra a publicar pensamientos, posteó ayer en Instagram que “yo quiero que los dueños de clínicas privadas me digan ¿qué persona tiene disponibles 100 mil, 200 mil y hasta un millón de pesos en efectivo, para una emergencia de salud que ellos ni se imaginaban que iba a pasar…?”

También posteó que “desde hace muchos años en mi país el que se enfermó y no es rico se jodió. Y para colmo hay unos seguros que tú lo pagas y a la hora de la verdad no cubren nada. ¡Abusadores!”.

En ambas publicaciones, los comentarios no se hicieron esperar en torno a que “enfermarse es un lujo bastante caro en RD”; “los seguros médicos mientras más costoso es el medicamento o el procedimiento, menos cubren”, entre otros.

Falta supervisión
Para el primer gerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), Arismendi Díaz, estos problemas son el producto de un afán de lucro creciente de la mayoría de médicos y de las clínicas privadas.

El también autor de la Ley 87-01 de Seguridad Social atribuyó la situación a la ausencia de una correcta supervisión y fiscalización por parte de Salud Pública, el cual, dijo, lleva años sin realizar una inspección profunda ni a las clínicas ni a los hospitales.

Exgerente CNSS: “Salud retrasa la vigilancia”
Ley. Arismendi Díaz explicó que según la Ley General de Salud 42-01, Salud Pública está obligada a habilitar a todos los proveedores de servicios de salud públicos y privados, sin embargo, dilata en llenar esta función y cuando se decide a hacerlo es de manera superficial y complaciente, sin régimen de consecuencias.

“Si aquí hubiese una verdadera vigilancia de la capacidad instalada de los hospitales y clínicas como dispone la Ley 42-01, habría que cerrar muchos centros públicos y eso sería un escándalo político y por eso no se hace”, manifestó.

Indicó a EL DÍA que esto crea un círculo vicioso a costa de la calidad del servicio que recibe la población, destacando que no todos los hospitales públicos son deficientes ni todas las clínicas por ser privadas ofrecen mayor calidad.