Víctor Féliz
Es responsabilidad exclusiva de los ayuntamientos otorgar, en sus correspondientes jurisdicciones, los permisos oportunos para el uso del suelo.
El nombre correcto de este “permiso” es Certificado de No Objeción al Uso de Suelo. Todo surge en los Departamentos de Planeamiento Urbano de las corporaciones edilicias. Para poder ir entendiendo el término, usemos una definición bastante entendible: El uso del suelo comprende «las acciones, actividades e intervenciones que realizan las personas sobre un determinado tipo de superficie para producir, modificarla o mantenerla”.
Se entiende que, en principio, para poder dar de manera satisfactoria esta certificación de no objeción para el uso del suelo, esta concesión debería estar sujeta a un plan maestro que previamente determine claramente que sí o que no puede erigirse en ese suelo, y así disminuir a la menor discreción posible el criterio personal de quien lo otorga.
Es la Ley 176-07 Sobre los Ayuntamientos y el Distrito Nacional en su artículo 19 Sobre las Competencias Propias del Ayuntamiento literal d que reza: Ordenamiento del territorio, planeamiento urbano, gestión del suelo, ejecución y disciplina urbanística.
Durante muchos años los departamentos de planeamiento urbano otorgaron “permisos” basándose en criterios sobre metas de recaudaciones y así engrosar los caudales del municipio o ciudad. Obviamente, la discreción de los ediles también primaba.
Hoy en día zonas destinadas específicamente para el desarrollo habitacional o residencial están atestados de negocios de diversas índoles que han distorsionado el uso del suelo.
Es cierto que muchos de esos negocios datan de más de 30 años y en algunos casos existían antes de la explosión demográfica y urbanística que hoy exhibe el Distrito Nacional. La zona sur de la ciudad es una muestra de ello.
Restaurantes, clínicas, estaciones de expendio de combustibles, colegios, entre otros pequeños comercios, se confunden con cientos de torres y condominios residenciales, complicando de manera exponencial el tema de la movilidad.
Aceras y áreas verdes ocupadas y la carencia de estacionamientos en estos comercios son motivo de discusiones y malestares que muchas veces concluyen en desgracias personales. Muchos de estos comercios, además, contribuyen a la contaminación sonora que al parecer nadie puede controlar.
Ante esta situación desesperante, y a todas luces de confrontación entre vecinos y comercios, deberíamos estar pensando en la revisión de estos permisos que se otorgaron, en algunos casos hace más de tres décadas. Revisarlos y presentar posibles soluciones como, por ejemplo, conceder plazos para moverlos o exigirles habilitar más espacios de estacionamientos para vehículos.
En algunas ciudades de la región de Latinoamérica, los ayuntamientos pusieron en sus presupuestos las compras de espacios para coadyuvar en la pacificación de conflictos mayúsculos que surgieron, cosa que aquí sería posible realizar.
Una medida cautelar podría ser la paralización del otorgamiento de uso de suelo para negocios que demandan gran número de tráfico de personas que se quieran instalar en zonas residenciales o que sean un tanto más estrictos en la densidad por habitantes sobre el suelo para la construcción de torres o condominios.
Es importante NO detener el desarrollo, pero es más imperante que este sea ordenado y sostenible en el tiempo. Las ciudades no las compone solo el comercio, sino también los ciudadanos y a ellos es que debe satisfacerse.
*Por Víctor Féliz Solano
