Una sola plaza externa complica la elección de la presidencia de la Suprema Corte
- La distribución de las seis vacantes y las aspiraciones de Fernando Langa Ferreira y Justiniano Montero Montero marcan las deliberaciones del Consejo Nacional de la Magistratura
SANTO DOMINGO.— La escogencia del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia ha colocado al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ante una situación particularmente compleja, en la que las aspiraciones individuales, las preferencias atribuidas a sectores sociales y las disposiciones constitucionales sobre la composición del tribunal se entrecruzan.
En el centro de las deliberaciones aparecen Fernando Langa Ferreira, abogado procedente del ejercicio privado, y Justiniano Montero Montero, magistrado de carrera que acaba de ser confirmado por el propio Consejo para un nuevo período de siete años.
Sin embargo, la decisión no se limita a escoger entre ambos. La particularidad del proceso es que, de las seis vacantes disponibles, cinco estarían reservadas para jueces de carrera y solamente una correspondería a profesionales ajenos a ese sistema, conforme a la distribución de plazas que se maneja para completar la Suprema Corte.
Esta circunstancia introduce un elemento que trasciende la discusión sobre quién debe presidir el máximo tribunal judicial del país.
El dilema de la única plaza
La eventual incorporación de Fernando Langa a la Suprema Corte consumiría la única plaza disponible para un profesional que no pertenezca a la carrera judicial.
Esto ocurriría independientemente de que sea designado presidente o en cualquier otra posición, en caso de que aceptara.
La razón es que la Constitución establece que las tres cuartas partes de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia deben provenir de la carrera judicial, mientras que la cuarta parte restante corresponde a profesionales del derecho, académicos o miembros del Ministerio Público.
En consecuencia, si se confirma que solamente queda disponible una plaza para candidatos externos, la elección de Langa impediría incorporar a otro aspirante de esa misma procedencia.
Ahí surge un segundo elemento de interés político.
Según informaciones que circulan alrededor del proceso, entre las aspirantes figura una profesional de Santiago, Ilona de la Rocha, que contaría con la anuencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
De confirmarse esa preferencia, la incorporación de Langa y la de la aspirante santiaguera resultarían incompatibles dentro de la actual distribución de vacantes.
No se trataría, por tanto, de una competencia directa por la presidencia de la Suprema, sino de una disputa indirecta por la única posición disponible para candidatos externos a la carrera judicial.
La situación sería distinta si el Consejo Nacional de la Magistratura decidiera colocar en la presidencia a Justiniano Montero.
Montero ya forma parte de la Suprema Corte y fue uno de los cinco magistrados confirmados por el CNM el pasado 8 de septiembre.
Por consiguiente, su eventual designación como presidente no consumiría ninguna de las seis plazas que deben ser llenadas, lo que le dejaría el paso abierto Ilonca de la Rocha.
La vicepresidenta Raquel Peña no integra constitucionalmente el CNM, por lo que cualquier influencia que se le atribuya tendría carácter indirecto y no constituiría una participación formal en la votación, sino que sería a través del propio presidente Luis Abinader.
Incluso se ha planteado a la propia Ilonca de la Rocha como una “tercera vía” para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia que agregaría el elemento de género y además proveniente de Santiago.
Justiniano Montero cuenta con la simpatía de sectores del Partido Revolucionario Moderno con incidencia en el poder judicial y el Tribunal Constitucional, así como de Participación Ciudadana e importantes representantes del Ministerio Público; mientras que Langa cuenta con el respaldo público de juristas importanes, las iglesias católicas y evangélicas, grupos empresariales, organizaciones sociales y con el visto bueno de la oposición.
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