Cuando se estaba gestando la creación de un Tribunal Constitucional algunos juristas advirtieron sobre los peligros de que los aspectos de constitucionalidad estuvieran fuera de la Suprema Corte de Justicia porque se corría el peligro de un choque de trenes.
El tiempo pasó y no hubo asomos de esa colisión, a tal punto que hasta los que hicieron la advertencia reconocieron los aportes del Tribunal Constitucional.
Sin embargo, en los últimos meses han vuelto a surgir los temores y advertencias a la luz de algunas sentencias que, aunque bien intencionadas, pudieran estar pisando la delicada frontera de la esfera legislativa.
Los tribunales no están para legislar, sino para garantizar el cumplimiento de las leyes propias de su esfera.
En materia constitucional ese principio le aplica al Tribunal Constitucional.
Sin embargo, sobre los jueces del Tribunal Constitucional recae una responsabilidad enorme, pues sus decisiones no son recurribles y si llegara a transgredir el área de competencia de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, se estaría propiciando una confrontación sin instancias deliberativas para mediar.
El Tribunal Constitucional tiene un alto componente político (no necesariamente partidista) porque muchas de sus decisiones pueden ser determinantes en el devenir de las instancias de poder del país.
Los llamados de atención producto de algunas sentencias recientes pueden ser un motivo sano de reflexión sobre las competencias de las diferentes instancias constitucionales antes de que se llegue a materia de gran conflictividad o de temas que suelen dividir a las sociedades.