Por: Francisco A. Tavárez Vásquez
Por años, la política fiscal dominicana ha transitado entre urgencias coyunturales y reformas parciales. La propuesta reciente de medidas “pro-crecimiento y mitigación” presentada por el Gobierno no escapa a esa tradición. Aunque surge en un contexto internacional adverso —marcado por el encarecimiento del petróleo y sus efectos inflacionarios—, su diseño revela más una estrategia de administración de crisis que un intento genuino de transformación estructural.
En esencia, estamos ante una reforma de baja intensidad. El propio Gobierno proyecta recaudar entre RD$40 mil y RD$50 mil millones adicionales, una cifra limitada frente a los desafíos fiscales acumulados. Más aún, esos recursos se encuentran prácticamente comprometidos de antemano: solo el subsidio a los combustibles podría absorber un monto similar en 2026. Esto sugiere que el objetivo principal no es reestructurar las finanzas públicas, sino sostener el actual esquema de gasto en medio de presiones externas.
Desde la economía política, esta decisión no es casual. La reforma evita tocar los pilares más sensibles del sistema tributario: no modifica el ITBIS, no revisa de forma integral las exenciones fiscales ni altera significativamente los impuestos selectivos. Es decir, esquiva los conflictos distributivos más relevantes. En un país donde la estructura fiscal ha sido históricamente regresiva, esta omisión es central: preservar el statu quo resulta políticamente menos costoso que redistribuir cargas tributarias.
Aunque la propuesta incorpora elementos de progresividad —como una sobretasa temporal a grandes empresas y un nuevo tramo del impuesto sobre la renta para ingresos muy altos—, su alcance es reducido. Estas medidas afectan a una fracción mínima de contribuyentes, lo que limita su capacidad de alterar la desigualdad fiscal. En contraste, la decisión de no intervenir el impuesto al consumo perpetúa el peso relativo de los tributos indirectos sobre los hogares de menores ingresos.
Otro aspecto relevante es que buena parte de las medidas presentadas como avances corresponden, en realidad, a la corrección de distorsiones preexistentes. La eliminación del anticipo para microempresas, la flexibilización para pequeñas empresas o la indexación del mínimo exento del impuesto sobre la renta no son innovaciones estructurales, sino ajustes tardíos a problemas conocidos. En muchos casos, se trata de mecanismos que debieron haberse aplicado de forma sistemática conforme al propio marco legal vigente.
Este carácter correctivo refuerza la idea de que la reforma no transforma el sistema, sino que lo normaliza parcialmente. Se mejora la operatividad para ciertos contribuyentes y se alivian cargas puntuales, pero sin alterar las bases del modelo tributario. En términos de economía política, esto responde a un equilibrio entre aliviar presiones sociales y evitar una reforma de mayor envergadura que implique costos políticos significativos.
En el ámbito del gasto, el Gobierno plantea un esfuerzo de racionalización: reducción de partidas no esenciales, contención administrativa y mejor focalización de subsidios. Sin embargo, estas medidas coexisten con una realidad ineludible: el peso creciente de los subsidios energéticos y sociales limita cualquier intento de consolidación fiscal profunda. La política pública se mueve, así, en una lógica de compensación, donde el Estado transfiere recursos para amortiguar los efectos de la crisis sin cuestionar las causas estructurales del desequilibrio.
En perspectiva histórica, la reforma actual reproduce un patrón conocido. La República Dominicana ha optado reiteradamente por “parches fiscales”: ajustes graduales, fragmentados y de corto alcance destinados a cerrar brechas temporales de financiamiento. Este enfoque ha permitido manejar crisis sucesivas, pero al costo de posponer un debate más amplio sobre el contrato fiscal.
Ese debate sigue pendiente. La ausencia de una discusión integral sobre el sistema de exenciones, la calidad del gasto, la progresividad tributaria y la transparencia fiscal revela los límites políticos de la reforma. En lugar de convocar a un pacto fiscal amplio —capaz de reequilibrar las cargas y redefinir las prioridades del Estado—, se privilegia la viabilidad inmediata.
En definitiva, la reforma propuesta cumple una función: ganar tiempo. Contribuye a sostener la estabilidad en el corto plazo, evita un ajuste brusco y distribuye parcialmente los costos de la crisis. Pero también posterga el problema de fondo. La combinación de ingresos insuficientes, gasto rígido y deuda creciente sigue intacta, al igual que las tensiones distributivas que atraviesan el sistema fiscal dominicano.
La pregunta, entonces, no es si estas medidas son necesarias —probablemente lo son en el contexto actual—, sino si son suficientes. Y la respuesta, vista desde una perspectiva de economía política, es clara: no lo son. Sin una reforma integral que enfrente las raíces del desequilibrio fiscal, el país seguirá atrapado en el ciclo de ajustes temporales y soluciones incompletas que, una y otra vez, difieren el futuro en nombre de la urgencia del presente.
