*Por Joan García Fabián
La Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, ha representado el principal instrumento jurídico para la protección integral de la niñez y adolescencia en República Dominicana. Sin embargo, el tiempo, la evolución constitucional, los cambios normativos, la transformación del fenómeno criminal y la aparición de nuevas formas de violencia y exclusión social hacen impostergable su actualización.
No se trata de una reforma sencilla, esta ley constituye uno de los cuerpos normativos más complejos del ordenamiento jurídico dominicano, al integrar cuatro grandes dimensiones del sistema de protección. Cada uno responde a una lógica jurídica distinta, pero todos convergen en un mismo propósito: garantizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes, y la protección integral de sus derechos.
El Libro III representa probablemente el mayor desafío técnico de la reforma: organiza el sistema de responsabilidad penal de la persona adolescente; y, a diferencia de los demás libros, en él confluyen dos valores constitucionales de enorme sensibilidad: protección de derechos de adolescentes y potestad del Estado para restringir la libertad personal como consecuencia de la comisión de una infracción penal. Regular cuándo, cómo y bajo cuáles condiciones el Estado puede intervenir sobre la libertad de una persona adolescente exige un delicado equilibrio entre seguridad ciudadana, debido proceso, proporcionalidad, dignidad humana y trato procesal diferenciado.
La conducta de una persona debe comprenderse como resultado de la interacción permanente entre múltiples sistemas: la familia, la escuela, la comunidad, las instituciones y el contexto social. Bajo esa visión, el o la adolescente se constituye como ser humano en desarrollo, cuya personalidad continúa formándose y cuya conducta está profundamente influenciada por las condiciones sociales, culturales, económicas y afectivas de su entorno.
Precisamente por ello, el derecho penal juvenil moderno reconoce que la respuesta estatal no puede ser idéntica a la prevista para adultos. La especialidad del sistema no constituye una concesión de impunidad; responde al reconocimiento científico y jurídico de que el desarrollo evolutivo del adolescente exige respuestas diferenciadas, proporcionales y orientadas a favorecer su reintegración social.
La reforma del Libro III parte de una premisa esencial: el derecho penal siempre llega tarde. Cuando interviene, la víctima ya sufrió el daño y el Estado únicamente puede gestionar sus consecuencias. De ahí que limitar la respuesta pública al castigo resulte insuficiente para prevenir nuevas conductas delictivas. La verdadera eficacia del sistema se mide por su capacidad para reducir la reincidencia, proteger a las víctimas y generar oportunidades reales de cambio.
En ese contexto, adquiere especial relevancia la incorporación transversal de la justicia restaurativa, este enfoque fortalece la responsabilidad personal del adolescente al exigirle reconocer el daño causado, asumir las consecuencias de sus actos y participar activamente en su reparación cuando ello resulte posible. La víctima se convierte en un sujeto central del proceso, mientras la familia, la comunidad y las instituciones participan en la construcción de soluciones sostenibles que favorezcan la convivencia y reduzcan los riesgos de reincidencia.
La propuesta fortalece las garantías procesales propias de un sistema especializado. Moderniza el régimen de medidas cautelares, consolida el principio de que la privación de libertad constituye el último recurso, fortalece el control judicial durante la ejecución de las sanciones, incorpora protocolos especializados para la actuación policial, amplía el catálogo de medidas socioeducativas y perfecciona los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la mediación penal juvenil, la conciliación y la suspensión condicional del proceso cuando legalmente proceda.
Igualmente, es importante la alineación con el Modelo Regional de Justicia Juvenil Restaurativa del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), demostrando que República Dominicana puede aportar al desarrollo regional de la justicia juvenil.
Otro de los aportes más innovadores de la reforma del Libro III destaca la creación de procedimientos específicos para niños/as menores de trece años y para adolescentes con discapacidad psicosocial o intelectual que resulten inimputables.
Se pretende construir un sistema más inteligente y eficaz, que proteja al adolescente de las consecuencias de sus propias actuaciones; que fortalezca los derechos de las víctimas, garantizando su participación y evitando su revictimización; y que contribuya a la protección de la sociedad mediante la promoción de una cultura de diálogo, reparación y resolución pacífica de los conflictos a través de mecanismos restaurativos.
Ese es, probablemente, el mayor desafío y también la principal fortaleza de esta reforma: comprender que una justicia penal adolescente verdaderamente eficaz no se mide únicamente por su capacidad de sancionar, sino por su capacidad de prevenir la reincidencia, transformar conductas, restaurar las relaciones sociales y contribuir a la construcción de una sociedad más segura, justa y humana.
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