Advertimos con mucha firmeza que la Ley de Partidos Políticos que terminó aprobándose era un “tollo” y que metería al país y a la institucionalidad en un gran problema, que finalmente terminaríamos pagando todos.
Para empezar, esa Ley de Partidos encarece de manera sustancial el costo de la democracia, pues obliga a gastar varios miles de millones de pesos, sacados del bolsillo de los contribuyentes, en procesos que son responsabilidad de cada partido.
El presidente de la JCE, que alertó mucho sobre las dificultades de esa pieza legislativa, ha advertido que faltan 1,500 millones de pesos para montar el proceso de primarias. Hay que recordar que los primeros fondos que deben ser comprometidos para ese proceso son los de la financiación de los partidos y que nadie tiene la autoridad de exonerarlos.
También pone fuertes obstáculos a los partidos de reciente formación y dificulta la participación del liderazgo social en los procesos electorales.
Esa ley también tiene la imprevisión de que pone como límite para las alianzas una fecha anterior a la de escoger candidatos. Un verdadero absurdo.
También se les cierra la posibilidad a los partidos y grupos sociales de concertar coaliciones. Esa ley es un verdadero tollo.
