La reunión de las comisiones encargadas de organizar el proceso de evaluación de desempeño de los profesores de la enseñanza pública abre la puerta a la posibilidad de que, por fin, sea puesto en práctica un plan anunciado en varias ocasiones y en tantas otras dejado de lado.
Será esta tarde cuando Educación reúna a los comisionados de la organización de este proceso, conflictivo, por cierto.
El magisterio, encabezado por la Asociación Dominicana de Profesores, tiene grandes expectativas acerca de estos procedimientos de evaluación, por razones comprensibles.
Igual debería tenerlas Educación, y la sociedad dominicana completa, pero por razones diferentes.
Al gremio de los profesores le interesa la evaluación de desempeño por los incentivos económicos de los que viene acompañada, un punto que provocó una confrontación notoria con el pasado ministro de Educación, Ángel Hernández, quien según la ADP mantenía unos niveles de exigencia muy altos al proponer 70 puntos como el mínimo para aprobación. Ellos proponían 60.
Estos dos, de los tres actores principales del sistema educativo dominicano —Educación, profesores y estudiantes—, deben de estar enterados de que en algunos sectores de la sociedad dominicana la idea de una educación pública deficiente es bastante extendida.
Ponerle remedio a esta mala fama debiera ser un objetivo común de estos dos actores, gobierno y profesores, vista la importancia que se le atribuye a la instrucción como vía para la superación de la marginalidad y la pobreza.
Hagamos votos por una evaluación del desempeño del magisterio útil, no sólo para una remuneración según los méritos.
También según las necesidades de la sociedad dominicana, que en la búsqueda de un mejor destino debe tener en la instrucción pública un instrumento acorde con los recursos del Presupuesto que se le destinan año tras año.
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