La lucha contra la corrupción en República Dominicana ha tenido varios escenarios impulsada por grupos sociales.
Santo Domingo.-El imponente Palacio de Justicia de Santo Domingo bulle de actividad y conversaciones cruzadas. Abogados y jueces caminan con pasos largos por sus recintos en sus togas y birretes negros inmaculados, mientras los acusados pasan arrastrando los pies, con la cabeza gacha, escoltados por policías.
En un pequeño despacho del segundo piso, en el que se apiñan los expedientes en los estantes, una jueza, que solicitó reserva de su identidad, habló con InSight Crime sobre los casos de corrupción de alto nivel que han acaparado las primeras planas del país en los últimos años.
La PEPCA lleva varios procesos por corrupción.
Estos casos parecen señalar un cambio de dirección en la impunidad que por tanto tiempo ha cobijado a personajes importantes en República Dominicana, comentó la jueza.
“Venimos de una cultura en la que ciertos delitos eran en su mayor parte invisibles. Los delitos callejeros, el robo y similares, eran judicializados. Pero ¿la corrupción? Rara vez”, señaló y agregó: “Este es un nuevo momento: los fiscales anticorrupción tienen mayores recursos ahora y la gente quiere que sean llevados a la justicia”.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha estado ocupada. Desde que el presidente Luis Abinader se posesionó en 2020, la PEPCA ha abierto varios casos contra ministros de gobierno, oficiales de las fuerzas de seguridad y parientes cercanos del expresidente Danilo Medina.
El expresidente no ha enfrentado cargos formales, pero los fiscales de la PEPCA demostraron que no les asusta enfrentar a sospechosos con poder político. Y en una campaña legal llamada «Antipulpo», han preparado casos contra muchos tentáculos de la presunta corrupción que se desprendió de la anterior administración.
Tentáculos corrupción
Juan Alexis Medina, hermano del expresidente, está acusado de usar sus lazos familiares para crear una enorme red criminal de malversación de fondos públicos, que involucra a por lo menos 22 organismos de gobierno, además de exministros, exdirectores generales y al otro hermano del presidente.
Según la acusación formal de la PEPCA, la red criminal-política robó millones de dólares de recursos estatales.
“Por eso le llaman Antipulpo”, como le explicó a InSight Crime el economista y especialista en lavado de dinero Heiromy Castro. “El caso toca básicamente a todos los ministerios. Hubo una cultura de impunidad que permitió que eso ocurriera”.
Otros casos grandes en proceso en los tribunales indican que la corrupción en la administración de Medina llegó mucho más allá del Ejecutivo. Los fiscales de un caso conocido como Coral, y su derivado Coral-5G, describen una red de corrupción y lavado de dinero que operó en los mandatos de Medina (2012-2020) a manos de oficiales de alto rango, incluidos generales del Ejército y la Fuerza Aérea.
Esa red está señalada del robo de millones de dólares del Estado, parte de ellos mediante contratos otorgados a empresas de papel. El saqueo, legalizado usando propiedad raíz, autos de lujo y otros bienes, se avaluó en 4.5 millones de pesos dominicanos (más de US$84 millones).
Según los fiscales de otro caso con un nombre cercano a la vida marina, Medusa, el exfiscal general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez (2016-2020), llevó a cabo una configuración similar fuera de su oficina.
El caso Medusa señala que Alain Rodríguez «convirtió a la Fiscalía General en el centro de mando de operaciones criminales». Junto con varios de sus subordinados, Rodríguez presuntamente abusó de su cargo para cometer fraude y robar recursos destinados a los sistemas de investigación, justicia y prisiones del país. PEPCA estima que la red de corrupción manejó más de un billón de pesos dominicanos (US$18 millones).
Sin embargo, existen indicios de que el exfiscal general no se retirará discretamente. En marzo el fiscal del caso, Wilson Camacho, acusó a los imputados en Medusa de intimidar y tratar de coaccionar a los testigos desde su lugar de detención. Los abogados de Rodríguez declararon a InSight Crime que su cliente es víctima de asesinato político.
«En República Dominicana se usa la justicia como arma contra opositores políticos», escribieron en respuesta a la invitación a comentar.
Lo que diferencia esta campaña anticorrupción es que no está dirigida solo contra el expresidente o la oposición. Los fiscales también han investigado a funcionarios de la actual administración.
Un problema
—Informe de EE. UU.
Un informe del Departamento de Estado estadounidense de abril de 2022, también halló que aún se está lejos de un cambio real. El informe concluyó que la corrupción en el gobierno seguía siendo un problema de gravedad.
Una cierta esperanza en la justicia
Combate. Esta serie de procesos connotados ha dado a muchos dominicanos la esperanza de que su sistema de justicia ha tomado en serio la lucha contra la corrupción.
El índice de Percepción de la Corrupción de 2021, elaborado por Transparencia Internacional, reflejó el clima positivo, y lo atribuyó a las condenas recientes de personajes de la élite política, y varios lugareños en la isla expresaron optimismo por la campaña anticorrupción, aun cuando no aprobaran otros aspectos de la administración de Luis Abinader.
Pero organizaciones internacionales y expertos advierten que la corrupción sigue incrustada fuertemente en todos los aspectos de la vida pública dominicana.
*Por ANASTASIA AUSTIN Y DOUWE DEN HELD
