EL pasado domingo todos fuimos testigos de una verdadera orgía de repartición de dinero, previo y durante el proceso de votación de las primarias en las que se escogerían los candidatos a cargos electivos de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM).

Esas prácticas están catalogadas como delitos electorales, con sanciones que incluyen hasta cárcel.
Esos delitos se cometieron por miles, sin ningún pudor, a los ojos de todos, incluyendo a las autoridades llamadas a evitarlo.

En el PLD hay constancia de que la repartición de dinero a cambio de votos fue cometida por afines a los dos candidatos presidenciales, pero la práctica se repetía entre candidatos a senadores, diputados, alcaldes y regidores de los dos partidos.

Cada recinto electoral era una especie de mercado público, en donde el dinero se movía ante los ojos de todos, con compradores y vendedores de votos.

No se trataba del pago de dietas a delegados, sino dinero que se entregaba a personas a cambio del voto, lo cual está claramente tipificado como delito electoral.

Hay cientos de videos incriminatorios, donde se identifican con claridad quiénes cometían el delito.

Permitir que esas acciones ocurran de manera impune constituye una garantía de que se repetirán, quizás con mayor intensidad, en las elecciones municipales de febrero y que alcancen niveles catastróficos en los comicios presidenciales y congresionales de mayo.

La orgía de dinero que se vivió alrededor de los recintos de votación pervierte los procesos electorales y desvirtúa el sentido de los procesos electorales democráticos.

Mientras esas prácticas permanezcan impunes se continuarán repitiendo.