La elección de los nuevos cinco jueces del Tribunal Constitucional, su conformación plural y más equilibrada aún, permitirá más oportunidades para que las decisiones del más alto órgano judicial del país, sean una expresión mayor de la diversidad social, política y cultural.

De hecho, pienso que abre espacios más liberales, al tiempo de mantener elementos importantes del ala conservadora, que limitan e impiden el ejercicio de los derechos políticos y las libertades en exceso, que propician, a su vez, el descreimiento ciudadano y la “depresión democratica” (Freedom House).

La solidez actual del Tribunal Constitucional dominicano se debe a una institución diversa en su estructuración humana e ideológica. Efectivamente, la igualdad, la no discriminación, los derechos individuales, el estado de derecho, la libertad y la limitación del poder a través de la ley y de manera especial por la Constitución y las instituciones que resguardan los derechos individuales y colectivos bajo su jurisdiccción, constituyen la base de su “liberalismo humano” (McCloskey), defensor de un sistema de normas restrictivas de los poderes públicos, aún cuando estos hayan sido legitimados por elección popular.

No es que el Tribunal Constitucional se ha constituido en un órgano contramayoritario o antidemocrático, sino que sienta sus bases en la Constitución, que es el producto del poder constituyente, el que a su vez es la manifestación por excelencia del poder del pueblo soberano y que proclama y reclama la limitación del poder (principio de legalidad) para evitar la dictadura disfrazada de las mayorías representadas por sus representantes en los poderes públicos elegidos y derivados.

Con la recomposición del Tribunal Constitucional siguen fortaleciéndose las esperanzas de una sociedad democrática y liberal, en su sentido clásico, que aspira, concretamente:

1º.  a regular la violencia estatal legitimada y que todos podamos convivir pacíficamente, a pesar de nuestras diferencias, naturales y necesarias, lo que enriquece nuestra democracia;

2º. a que nuestra dignidad y, con ello, nuestra autonomía y capacidad para tomar decisiones propias, sean protegidas; y,

3º. que anhela que el crecimiento económico y todo lo que de prosperidad y desarrollo con equidad sean su consecuencia, con la participación activa del Estado, al tiempo de proteger el derecho de propiedad y el libre libre mercado, impidan niveles de desigualdad y discriminación que aumente el desenfado ciudadano por el sistema democrático y liberal.

Esto es, un sistema que, a pesar de sus críticas, permita la tolerancia y que, aunque no estemos de acuerdo con los demás, nos permita respetar el derecho a no invadir sus derechos de ni que estos interfieran en los nuestros, con la intervención oportuna de la jurisdicción constitucional para intervenir en los casos particulares que requieran de su ponderación.

De ahí que un Tribunal Constitucional aún más abierto, como el que ha quedado conformado y se pondrá a prueba a partir del 28 de diciembre del cursante 2023, de seguro propiciará con sus sentencias el mayor reconocimiento a la necesaria protección de la autonomía, individual y colectiva, al derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, de asociación y de culto, de ciudadanía y de dignidad como del fortalecimiento y extensión del derecho propio de una democracia representantiva, pero consolidada cada vez más como participativa y de autogobierno.

En fin, un Tribunal Constitucional conformado, cada vez más, por hombres y mujeres con reciedumbre ética, calidad profesional, independencia, templanza y anclados en una sociedad que exige de sus órganos constitucionales la defensa de los derechos, la integridad del sistema jurídica supremo y la visión política y pragmática que no aliente ni permita el socavamiento de nuestra creciente estabilidad política, social y económica.