El 5 de noviembre, por primera vez desde 1884, las empresas dominicanas iban a poder responder penalmente por los delitos cometidos en su beneficio a causa de sus propias fallas de dirección, control o supervisión. No ocurrió.
Ese mismo día, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 88-26, aprobada de urgencia por el Congreso Nacional, que traslada esa fecha al 5 de mayo de 2028. El Senado había propuesto veinticuatro meses; la Cámara de Diputados los redujo a dieciocho.
No es el primer aplazamiento. El Código Penal se promulgó en agosto de 2025 con doce meses de vacatio legis, y la Ley 44-26 añadió tres meses más para las personas jurídicas. Con estos dieciocho, las empresas habrán tenido casi tres años para prepararse. El sector empresarial pidió la prórroga para adecuar sus controles; es una razón atendible, pero también una confesión: los plazos anteriores no bastaron. La pregunta es institucional: un país que aplaza sus leyes en la víspera de que rijan, ¿legisla para cumplirlas o para anunciarlas?
El aplazamiento, sin embargo, no es una amnistía. El resto del código rige desde agosto, los directivos y empleados siguen respondiendo personalmente por sus delitos y la Ley 155-17 sanciona penalmente a las empresas por lavado de activos desde 2017. Quien lea la Ley 88-26 como un salvoconducto habrá leído mal.
El argumento de fondo es que el nuevo régimen castiga a la empresa por su propio defecto de organización, y la organización no se improvisa. Un programa de cumplimiento eficaz –que identifique los riesgos reales del negocio, establezca controles, forme al personal y permita denunciar sin miedo– no se redacta la semana antes de una inspección: se construye con tiempo, se prueba y se corrige. Y no basta con tenerlo en papel: los jueces preguntarán si funcionaba el día del hecho. Para eso eran los plazos, y para eso deberían servir estos dieciocho meses.
Las empresas que los usen como respiro descubrirán en 2028 que ningún juez aceptará la sorpresa como excusa. Las que los usen para prepararse llegarán a esa fecha con algo más valioso que una defensa: una empresa mejor gobernada.
Mover la fecha no resuelve el problema; solo encarece la espera. La institucionalidad de un país no se mide por las leyes que aprueba, sino por las que deja entrar en vigor y hace cumplir. El 5 de mayo de 2028 está más cerca de lo que parece.
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