Desde el nacimiento de la República, en 1844, el pueblo dominicano ha defendido su libertad y sus derechos fundamentales. A lo largo de nuestra historia, también ha reclamado con persistencia las reivindicaciones que considera más urgentes. Esa vocación tiene raíces anteriores a la fundación del Estado: desde la resistencia de los pueblos taínos frente a la conquista hasta la lucha de Enriquillo, cuya rebeldía quedó como símbolo de dignidad y defensa de su gente.
En los primeros meses de la República se expresó con claridad la disputa entre proyectos políticos distintos. La Junta Gubernativa, presidida provisionalmente por Francisco del Rosario Sánchez, representó el ideario liberal y progresista de los trinitarios. Sin embargo, el 1 de marzo de 1844, los sectores conservadores lograron que Tomás Bobadilla y Briones asumiera la presidencia definitiva. Aunque eran minoritarios, contaban con influencia económica y defendían intereses que, en ocasiones, coincidían con los de potencias extranjeras interesadas en el territorio dominicano.
En los años siguientes, amplios sectores populares mantuvieron aspiraciones de progreso, libertad y dignidad, mientras grupos económicos se vinculaban al poder de turno. Esa tensión se hizo particularmente visible durante las dictaduras de Ulises Heureaux, conocido como Lilís, y de Rafael Leónidas Trujillo. Bajo esos regímenes se restringieron las libertades y se limitaron las condiciones para una vida digna. Las cifras que se han citado sobre la época de Trujillo reflejan esa desigualdad: cerca de un 75 % de pobreza, un 62.3 % de analfabetismo, acceso a servicios de salud para apenas un 41 % de la población y agua potable en solo el 5,16 % de las viviendas. La riqueza, en buena medida, quedó concentrada en manos de un grupo reducido.
La elección de Juan Bosch en 1962 y la formación de su gobierno en 1963 abrieron la posibilidad de construir una representación política de orientación liberal y socialdemócrata. Su gobierno comenzó a sentar las bases para atender carencias históricas de las mayorías.
Pero sectores conservadores con poder económico se opusieron al proyecto, que terminó abruptamente con el golpe de Estado y la ruptura del orden constitucional. Lo que provoco la insurrección de abril de 1965 donde se expresó la defensa a la constitucionalidad y la convicción de que el poder debía responder a las mayorías.
Tras aquella revolución, los gobiernos y los grupos con poder económico y religioso comprendieron que la estabilidad requería atender, al menos parcialmente, las demandas sociales. Durante los doce años de Joaquín Balaguer se impulsaron medidas como la reforma agraria y la construcción de viviendas. Estas iniciativas respondían, entre otros factores, a las presiones de una población pobre y trabajadora que reclamaba mejores condiciones de vida.
Otro momento significativo llegó con el gobierno de Antonio Guzmán. Se redujo el peso del militarismo en la vida política y se restablecieron derechos políticos y ciudadanos, junto con mayores expectativas de acceso a la alimentación, la salud, la educación y la vivienda. Esa tranquilidad fue breve. En 1984, el alza del costo de los alimentos provocó una revuelta social que dejó muertos y heridos entre quienes salieron a protestar y a reclamar reivindicaciones históricas.
La misma disposición a defender derechos legítimos se ha manifestado en tiempos más recientes. Movimientos como La Marcha Verde y las movilizaciones en la Plaza de la Bandera mostraron que, cuando una parte de la ciudadanía percibe amenazadas sus conquistas o desatendidas sus necesidades más urgentes, vuelve a ocupar el espacio público y a exigir respuestas. También se han producido protestas en distintas regiones del país ante problemas que afectan a sus comunidades.
Esta trayectoria permite sostener que, en sus aspiraciones colectivas, el pueblo dominicano ha tendido más al liberalismo y al progresismo que al conservadurismo. No significa que exista una sola manera de pensar ni que las demandas populares hayan sido siempre atendidas. Significa que, una y otra vez, la ciudadanía ha reclamado libertad, participación, derechos y mejores condiciones de vida.
El desarrollo del país sigue siendo una tarea pendiente. Para avanzar, será necesario ampliar las oportunidades y distribuir de manera más equitativa las riquezas que produce la sociedad. La historia dominicana enseña que la población no ha dejado de reclamar ese horizonte; el desafío es convertir esas aspiraciones en políticas y derechos efectivos para todos.
Sobre el autor
Abogado y político con experiencia en administración pública, maestría en derecho inmobiliario y planificación estratégica. Su trayectoria combina el ejercicio del derecho con el diseño y ejecución de políticas públicas enfocadas en la transparencia, la inclusión y el servicio a la ciudadanía.
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