Santo Domingo.- Los implicados en la estructura del Caso Cobra 2.0-A, integrada por exempleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y 25 médicos, se organizaron y operaron de manera permanente y coordinada mediante la confección, validación y reporte de autorizaciones médicas fraudulentas.
Así consta en la solicitud de medida de coerción instrumentada por el Ministerio Público, que fija para hoy, a las 2:00 de la tarde, el conocimiento de la medida contra los implicados, para quienes solicita 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo.
El grupo está imputado de estafar al SeNaSa mediante reclamaciones falsas, suplantación de identidad, asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, así como delitos de alta tecnología, entre ellos acceso ilícito y uso de códigos de acceso, además de lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano. Estos delitos podrían conllevar penas de hasta 10 años de cárcel.
Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva contra la red del Caso Cobra 2.0-A, integrada por exempleados de SeNaSa y 25 médicos, a quienes imputa haber estafado a la institución por más de RD$64.8 millones mediante reclamaciones falsas y suplantación de identidad, entre otros delitos.
Dentro del entramado de corrupción investigado en el Caso Cobra 2.0-A, los 25 médicos imputados, de distintas especialidades, habrían utilizado de manera ilegítima datos personales y sensibles de afiliados que, según la instancia, jamás solicitaron, recibieron ni requirieron las prestaciones médicas falsamente certificadas.
Este accionar se habría materializado mediante la falsificación de documentación médica y administrativa, así como a través del uso consciente y sistemático de documentos falsos e información confidencial, en violación de las leyes vigentes.
La maniobra habría afectado a miles de afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y provocado un perjuicio patrimonial significativo, en el marco de un esquema defraudatorio planificado, reiterado y sostenido en el tiempo, según la instancia del Ministerio Público.
Así operaba la estructura del Caso Cobra 2.0-A
Además, esta estructura operaba bajo una división clara y definida de roles. En ese sentido, empleados internos de SeNaSa como Ángel Luís Guzmán Vásquez, quien cumple prisión por la primera parte del caso Cobra, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y otros exempleados bajo investigación, accedían a la base de datos de la institución para obtener información confidencial de los afiliados y sus planes de salud.
Con esta información y en asociación con los médicos investigados, procedían a llenar formularios de reclamaciones médicas a nombre de afiliados que no habían solicitado ni requerido ningún servicio.
En el documento se establece que dichas solicitudes incluían datos personales, diagnósticos, consultas y procedimientos, además de firmas falsificadas de los afiliados.
Posteriormente, los formularios eran firmados, sellados y marcados con el código de Prestador de Servicios de Salud (PSS) por parte de los médicos, con el propósito de otorgar apariencia de legalidad a los trámites fraudulentos.
En otros casos, los imputados Ángel Luís Guzmán Vásquez, Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino y Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, junto con sus asociados, facilitaban deliberadamente los datos personales a los médicos involucrados. El objetivo, según la acusación, era que estos elaboraran formularios basados en diagnósticos y procedimientos inexistentes.
Para consumar el presunto fraude, en dichos formularios se consignaba información falsa utilizando los datos personales y falsificando las firmas de los afiliados. De este modo, según el Ministerio Público, se suplantaba su identidad con el propósito de estafar a SeNaSa y obtener beneficios económicos indebidos.
Los 25 médicos imputados en el Caso Cobra 2.0-A
Dentro de este entramado, la solicitud de medida de coerción señala la participación de los médicos imputados en el Caso Cobra 2.0-A: Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashel Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn De La Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatríz Acosta, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Méndez De Medina, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Marcelino Eusebio Figuereo, Ysabel Heredia Vallejo, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Diclo Garabito, Luís Manuel Tejada Moreno y Rafael Mauricio Cabral González, entre otros que se encuentran en proceso de investigación, según la solicitud de medida de coerción.
Estos doctores, en asociación con Ángel Luís Guzmán Vásquez, Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino y Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, habrían estructurado y ejecutado de manera coordinada un esquema de estafa en perjuicio de SeNaSa.
Esta acción habría generado un perjuicio económico significativo al sistema dominicano de seguridad social y vulneraron la confianza pública depositada en el ejercicio de la medicina, según la acusación del Ministerio Público.
Movimientos por RD$64.8 millones
Los médicos imputados realizaron transferencias al imputado Ángel Luís Guzmán Vásquez que generaron movimientos por más de RD$64.8 millones en el Caso Cobra 2.0-A, mediante acciones ilícitas vinculadas con la presunta simulación de servicios a afiliados de la institución.
Luego de recibir los pagos de la ARS SeNaSa, los galenos habrían realizado transferencias financieras de altos montos a favor de Guzmán Vásquez, quien posteriormente habría efectuado diferentes movimientos bancarios entre personas relacionadas con el objetivo de ocultar el origen de los fondos, según la instancia.
Para la ejecución de estas acciones, los imputados habrían seleccionado estratégicamente perfiles de afiliados con un bajo historial de interacción institucional, minimizando así el riesgo de detección.
A nombre de estos usuarios iniciaban solicitudes de autorización a través del Call Center de SeNaSa. Una vez obtenidas, completaban el ciclo mediante la presentación de facturación sustentada en documentación falsificada.
El proceso culminaba con el desembolso de fondos públicos a los médicos por servicios que, según la investigación, nunca fueron prestados. Posteriormente, estos habrían retornado parte de las ganancias al imputado Ángel Luís Guzmán y a su grupo.
Afiliados negaron haber recibido los servicios médicos
En la instancia se indica que el Ministerio Público entrevistó a los afiliados afectados, quienes manifestaron desconocer a los médicos que figuraban en los formularios y los diagnósticos registrados.
Asimismo, establecieron que nunca visitaron los centros médicos ni los consultorios donde aparecían las autorizaciones y fueron enfáticos al señalar que no solicitaron, firmaron ni recibieron los procedimientos registrados a sus nombres.
Este patrón, según la acusación, revela una estructura delictiva ejecutada con información privilegiada, método y planificación, orientada a defraudar de forma sistemática a SeNaSa mediante la suplantación de identidad y la falsificación de firmas.
Médicos fueron suspendidos del código PSS y luego cancelados de SeNaSa
A los médicos imputados en el Caso Cobra 2.0-A se les había suspendido el código de Prestadores de Servicios de Salud (PSS) de SeNaSa en 2025 y posteriormente fueron cancelados, tras detectarse irregularidades en los servicios reportados y facturados a la Administradora de Riesgos de Salud (ARS).
La información consta en la instancia presentada por el Ministerio Público para solicitar las medidas de coerción contra los implicados.
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