Cierto, la salud mental del dominicano debe ser atendida como un asunto de salud pública, como ha sugerido la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, cuando ha advertido que tras la pandemia este ha sido un punto crítico en todo el mundo y que en la actualidad representa un desafío para el sistema sanitario en el país.
Sucesos recientes, particularmente en áreas grises del Gran Santo Domingo, dejan ver que no se trata sólo de orates, borrachos o gente afectada en términos cognitivos por razones de edad, sino de un algo más profundo y destructivo en personas a las que se les puede atribuir una cierta normalidad.
¿Cómo prevenir, pongamos el caso, la muerte violenta de niños, o por ingesta de tóxicos, de la mano de quienes tienen su custodia y seguridad por razones parentales?
Los especialistas en salud mental tal vez tienen una respuesta, como quizá tengan una explicación de la forma en que nos afecta todavía la pandemia, si es el caso, o si estamos viviendo síntomas de alguna frustración colectiva que se refleja en hechos dolorosos registrados con tan escasos días de diferencia que parecen encadenados.
Una persona adulta y razonable puede identificar la violencia que la amenaza a ella y a otros, ¿pero cómo esperar tal discernimiento en un niño?
Después del suceso, haya ocurrido en María Trinidad Sánchez, en el ensanche Isabelita de Santo Domingo Este, en Simón Bolívar del Distrito Nacional o en cualquier otro lugar del país, las comunidades deberían ser asistidas, pero para ello debemos empezar por reconocerles a hechos como los que comentamos la importancia que tienen.
A la ministra Raful le sobra razón: estamos ante un notable desafío para el sistema sanitario nacional.
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