El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad ha dado una idea sobre la enorme cantidad de personas conectadas a las redes que tienen el servicio, reclaman cuando les falta, pero no lo pagan.
Durante su participación ayer en el espacio de La Semanal junto al presidente Luis Abinader, Celso Marranzini habló de más de 800 mil usuarios.
Es una cifra considerable que muestra un elemento importante: las principales autoridades del sector tienen una idea de cuántos son.
Y esto también implica que deben de saber dónde están.
Más aún, se puede afirmar, con un alto grado de certidumbre, que siempre ha sido así.
En la solución, como consecuencia, debe tener un papel central la voluntad, a todos los niveles.
Digamos que una parte importante, acaso medio de millón de los que se conectan por cuenta propia a las redes del sistema energético, carece de los medios para cubrir servicios de salud, transporte, educación, techo, agua por cañería y, por qué no, diversión.
A estos la Administración debería de estar en condiciones de ubicarlos y pagarles un servicio eléctrico básico como una manera de acompañarlos en la batalla contra las manifestaciones de la pobreza, pero también de alentarlos en la adopción de un hábito que les falta.
Y segregar a los que se conectan porque pueden, y regularizarlos.
Pero en el caso de que se inicie un procedimiento como el sugerido, los administradores del sistema energético tendrían que empezar por depurar a los que mandan a las calles a realizar las conexiones solicitadas, porque entre ellos debe de haberlos, en un muy alto número, con intereses paralelos a los de las empresas para las que trabajan.
De otra manera en algunas áreas de la ciudad no sería posible la existencia de estas conexiones en tan alto número.
Más de 800 mil usuarios irregulares del servicio eléctrico es una suma considerable a la que hay que reducirla de manera drástica.
