SANTO DOMINGO.- La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional varió este jueves la medida de coerción al exministro de Hacienda Donald Guerrero, de prisión preventiva al pago de una garantía económica de cinco millones de pesos.

Asimismo, el tribunal, presidido por Doris Pujols Ortiz, e integrado por Rafael Báez e Indira Montas,  ordenó a Guerrero, imputado en la Operación Calamar, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público.

Donald Guerrero cumplía 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo-Hombres, impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El  Ministerio Público aseguró que continuará trabajando y que presentará una acusación fuerte en el caso.

“El Ministerio Público, como se ha establecido durante esta gestión, seguirá haciendo su trabajo; ha asumido su rol de persecución de los delitos de corrupción, y, sobre todo, por la trascendencia que implica para esta sociedad”, sostuvo el fiscal Arolin Lemos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

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El órgano acusador también imputa en el caso a los exministros administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; al abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.

Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.

También, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.

De acuerdo al Ministerio Público, la red desmantelada con la Operación Calamar utilizaba al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compras de inmuebles con sobrecosto.

Además, desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, Dirección de Presupuesto y las demás instituciones del sector, diligenciaban y gestionaban el pago de deudas públicas por expropiación irregular de terrenos.