Santo Domingo.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó arresto domiciliario a Pascual Cordero Martínez (a) El Chino, quien guarda prisión preventiva por varios procesos.

De inmediato, la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, informó hoy que apelará la decisión de la jueza presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado, Pilar Rufino, quien ordenó la variación de la medida de coerción.

El imputado tiene una acusación en la Fiscalía del Distrito por narcotráfico, lavado de activos y asociación de malhechores, siendo apoderado el Cuarto Tribunal Colegiado, que lo había declarado en rebeldía por no haberse presentado al proceso, no obstante de haber quedado debidamente citado.

Por igual, Cordero Martínez tiene una acusación de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos en la provincia de Villa Altagracia, siendo acusado de ser el jefe de una red internacional dedicada al tráfico de sustancias controladas en varios países, caso por el que también fue declarado en rebeldía.

En diciembre del 2015, el imputado fue arrestado por un equipo de investigadores de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y entregado al Ministerio Público.

Posteriormente, fue presentado a medida de coerción en Villa Altagracia, dictándosele prisión preventiva.

Por su parte, la Fiscalía del Distrito presentó a Pascual Cordero Martínez al Cuarto Tribunal Colegiado y solicitó a la presidencia del tribunal que variará la medida de coerción a prisión preventiva, en virtud de que había sido declarado en rebeldía, de que tiene una acusación por narcotráfico internacional y utilizó su libertad para continuar traficando drogas, además de ser declarado en rebeldía también en el proceso llevado a cabo en Villa Altagracia.

A pesar de estos contundentes alegatos, la jueza presidenta del Cuarto Tribunal Colegiadodispuso el arresto domiciliario del imputado por una supuesta situación de salud, que no fue sustentada ni por certificado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) ni por certificado médico privado, sino que se trató de una apreciación visual del tribunal.

Por estos motivos, la Fiscalía procederá a interponer un recurso de apelación en contra de la decisión en cuestión, por carecer de fundamento en derecho y ser irrazonable e incompatible con la acusación y comportamiento procesal del imputado.