SANTO DOMINGO.- El Quinto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este impuso 30 años de prisión y el pago de una multa de un millón de pesos contra cuatro hombres de nacionalidad venezolana, enjuiciados por traficar con más de 700 kilogramos de cocaína en esta demarcación.
Los acusados son Rufino del Carmen Salazar, Jhonatan Salazar, Carlos Andrés Vargas Romero y Danny Sucre, quienes deberán cumplir la condena en la Penitenciaría Nacional de La Victoria. En el proceso el Ministerio Público demostró que fueron arrestados el pasado año con 743 paquetes de cocaína, con un peso de alrededor de 743 kilogramos.
Los jueces Julio Aybar Ortiz (presidente del tribunal), Laisa Matos Durán y Nelcy Xiomara Ortega Ramírez (miembros), acogieron la petición del Ministerio Público luego de que demostrara su responsabilidad penal en el caso al cual otorgó la calificación jurídica de asociación ilícita para tráfico internacional de sustancias controladas (drogas).
Sobre el caso, la acusación establece que el 25 de abril de 2022, atendiendo a una alerta del Servicio de Guarda Costas de los Estados Unidos, relacionada a una embarcación con posibles sustancias controladas, la cual se dirigía a territorio dominicano procedente de Suramérica, fue iniciado un operativo de interdicción conjunta vía aérea, marítima y terrestre por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Santo Domingo Este, donde fue ocupado el cargamento de droga.
El expediente detalla que la droga era transportada por los acusados en una embarcación tipo Go-Fast, de aproximadamente 35 pies de eslora, que fue interceptada a unas 40 millas náuticas al sur de Santo Domingo Este, después de una persecución de más de una hora.
Señala que, tras la persecución, el capitán de la embarcación Rufino del Carmen Salazar y los demás procesados lanzaron los paquetes de drogas desde la embarcación a las aguas del mar Caribe, donde fueron recogidos e incautados por las autoridades.
Posteriormente, el Ministerio Público procedió con el sometimiento a la justicia de los hoy condenados.
