Tribunal declara en rebeldía a Ingrid Jorge por ausencia en audiencia del caso Faride Raful
- La jueza ordenó su conducencia tras no comparecer en tres ocasiones consecutivas al juicio preliminar por presunta difamación e injuria
Santo Domingo, RD. – La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró en rebeldía a Ingrid Jorge, acusada de presunta difamación e injuria contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
La magistrada Yanibet Rivas emitió además una orden de conducencia contra Jorge, luego de que la imputada no se presentara a la audiencia pautada para el conocimiento del juicio preliminar.
Defensa de Raful favorece salida alterna
El abogado de la funcionaria, Miguel Valerio, informó que la parte querellante ha mantenido disposición de alcanzar una solución alterna al conflicto judicial.
No obstante, explicó que la ausencia reiterada de la acusada en tres convocatorias consecutivas llevó al tribunal a declarar la rebeldía y ordenar su presentación obligatoria ante la justicia.
Según indicó, una vez Ingrid Jorge comparezca ante el tribunal, se procederá al levantamiento de la rebeldía y se fijará una nueva fecha para continuar el proceso.
Acusaciones por presunta difamación e injuria
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público de la República Dominicana, Jorge enfrenta cargos por presunta violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, además del artículo 367 del Código Penal Dominicano.
La acusación sostiene que la imputada difundió declaraciones consideradas falsas e injuriosas, vinculando a Raful con supuestas actividades ilícitas y conductas sexuales inapropiadas.
El documento judicial argumenta que dichas afirmaciones carecen de fundamento y habrían tenido como objetivo afectar la reputación, el honor y la imagen pública de la ministra.
Faride Raful insiste en defensa de su honor
A lo largo del proceso, Raful ha sostenido que acudió a los tribunales para defender su derecho a la intimidad y al honor frente a lo que considera campañas de difamación y desinformación.
La funcionaria ha reiterado su confianza en el sistema judicial y en que el caso siente precedentes sobre la responsabilidad legal derivada de contenidos difundidos en plataformas digitales y medios de comunicación.
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