SANTO DOMINGO.- El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional inició hace unos momentos el conocimiento de la solicitud de medida de coerción a los imputados en el caso del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La audiencia fue aplazada para este jueves con el fin de permitir que las partes conozcan íntegramente la acusación presentada por el Ministerio Público, así como las querellas introducidas por los actores civiles.
Los imputados fueron trasladados bajo un dispositivo de seguridad reforzado por la unidad de traslado de alto riesgo hacia el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se desarrolla el proceso.
Los implicados en el caso, hasta el momento, son Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa; Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, todos vinculados al Caso Cobra.
Asimismo, los investigados están señalados por los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El Ministerio Público informó que, a través de la investigación, ha recabado evidencias de sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros, creación de programas especiales sin sustento jurídico para desviar fondos, maniobras fraudulentas y un esquema sistemático de corrupción instalado por el entonces director ejecutivo de SeNaSa, en coalición con otros funcionarios de la ARS y prestadores de servicios de salud, afectando gravemente al Estado dominicano.
Las acciones de la Operación Cobra son dirigidas por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a Mirna Ortiz, de la Pepca. Ambos encabezan un equipo de fiscales expertos en investigaciones de criminalidad organizada.
Ampliación de la investigación del Caso Cobra.
El Ministerio Público profundiza las investigaciones contra varias personas físicas y empresas, con el propósito de someterlas a la justicia en las próximas etapas del proceso.
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