Implicados en el caso denominado “Coral 5G”. José De León
SANTO DOMINGO.- Los implicados del caso Coral 5G, se encuentran ya en el tribunal, tras ser trasladados por los agentes de la Unidad de Alto Riesgo Penitenciarios, a la sala de audiencia donde seguirá conociendo la solicitud de medida de coerción en su contra.
La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional Kenya Romero, escuchará los alegatos de defensa de los abogados de los imputados que faltan por refutar las imputaciones del Ministerio Público.
Los acusado en el caso son de los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos Viola (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
En el caso del general Juan Camilo De los Santos Viola, se conocerá en otra audiencia, cuando la Corte de Apelación del Distrito Nacional decida sobre la recusación a la jueza Romero.
La audiencia está pautada para seguir a la 10:00 de la mañana.
Una red muy poderosa
La red de militares del entramado de corrupción administrativa desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G movieron al menos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros, según la investigación que tiene en desarrollo el Ministerio Público.
A la red, integrada por oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se le ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G incluyó 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
