Santo Domingo.- Bajo estrictas Medidas de seguridad fueron trasladados once de los 21 implicados en la red Cattleya a diferentes cárceles a cumplir la medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva.

La medida impuesta por la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero y deberá ser cumplida en las cárceles de Higuey, Najayo y a la Victoria, mientras que a los demás imputados otras medidas menos gravosa.

La red Cattleya se dedicaba a la explotación sexual comercial en perjuicio de 80 mujeres de nacionalidades colombiana y venezolana.

Se trata de los imputados José Miguel Michel Guridis, Daniel Enrique Inirio Abreu, Oscar Wicene, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Alejandro Arturo Batista Bustamente, José Alberto Soriano Rosario, Dionicio Mieses de la Cruz, enviados a Najayo Hombres.

Mientras, las imputadas María Paula Murillo, Angélica Jhoana Quitero Niño y Zafiro González Sánchez fueron enviadas a Najayo Mujeres.

El caso 

Se recuerda que miembros de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas realizaron ayer 11 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, y en Bávaro, por trata de personas, rescatando a más de 80 mujeres extranjeras, y apresando a 10 personas.

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A través de la operación “Cattleya”, las autoridades desarticularon las redes transnacionales dedicadas a la trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual a mujeres de nacionalidad colombiana y venezolana.

Los implicados en la red también incurrían en los delitos de marihuana y drogas sintéticas, que ocuparon en los operativos.

El Ministerio Público, junto agentes del Departamento de Operaciones Especiales (SWAT), apresaron a 10 imputados venezolanos, colombianos y dominicanos, contra quienes el órgano acusador presentará cargos por la comisión de trata de personas y por otros delitos.

De acuerdo con las autoridades, las redes criminales movilizaban a las jóvenes mujeres con la promesa de un trabajo bien remunerado en República Dominicana, pero las explotaban sexualmente.

Las víctimas eran ubicadas tanto en el Distrito Nacional como en Bávaro Punta Cana, provincia La Altagracia, donde ofertaban los servicios sexuales a un costo desde 100 a 150 dólares por una hora y hasta 400 dólares por noche.

Estas jóvenes entre 18 y 23 años de edad, eran traídas al país, luego eran obligadas a admitir que tenían una deuda contraída de entre US$3,000 y US$4,000 con las redes que las movilizaban, les obligaban a consumir sustancias controladas, las sometían a tratos vejatorios e infrahumanos y no les permitían ninguna libertad propia de cualquier ser humano, lo que llevó a varias de ellas a escaparse.

El Ministerio Público investiga al menos a 14 personas por la comisión del delito de trata, incluyendo a dos procedentes de Colombia y seis de Venezuela.

Las presuntas víctimas eran retenidas en el Hotel Caribe, del Distrito Nacional, y en el Residencial Coco Real, en Bávaro, y Punta Cana, provincia La Altagracia.