La transparencia municipal no puede ser una palabra bonita para adornar discursos de ocasión. En los ayuntamientos, la transparencia tiene que verse, tocarse, revisarse, descargarse y comprobarse.
Cuando una gestión rinde cuentas, no basta con presentarse ante un auditorio, enumerar obras, mencionar cifras generales y pedir confianza. La rendición de cuentas verdadera necesita documentos, soportes, ejecución presupuestaria, informes financieros, contratos, nóminas, compras, cubicaciones y explicaciones claras.
Por eso el caso de Santo Domingo Oeste debe mirarse con serenidad, pero también con responsabilidad institucional. Si regidores de ese municipio están reclamando la entrega formal de informes financieros y de ejecución presupuestaria, el tema no debe reducirse a una simple pugna política. El Concejo de Regidores no está para aplaudir de manera automática ni para hacer oposición vacía. Está para fiscalizar, aprobar, cuestionar, verificar y representar el interés de los munícipes.
Un alcalde puede tener buenas intenciones, puede estar trabajando, puede enfrentar problemas acumulados durante años y aun así tiene la obligación de entregar las informaciones conforme a los procedimientos. Porque la transparencia no se mide por simpatía, se mide por evidencia. Y en la administración pública, lo que no está documentado termina siendo débil, aunque haya sido bien intencionado.
Este es un municipio complejo. Tiene enormes desafíos en residuos sólidos, ordenamiento territorial, movilidad, seguridad urbana, espacios públicos, cañadas, drenaje, mercados y servicios comunitarios. Precisamente por eso necesita una gestión fuerte, pero también una fiscalización fuerte.
Una cosa no contradice la otra. Al contrario, una administración que se deja fiscalizar se protege mejor, corrige a tiempo y gana mayor legitimidad frente a la población.
La Sala Capitular no debe verse como un estorbo. Es parte esencial del gobierno local. Allí descansa una función democrática que muchas veces se subestima: controlar el uso de los recursos públicos. Los regidores no piden un favor cuando solicitan informes. Ejercen una atribución institucional. Y los ciudadanos tampoco mendigan información cuando preguntan por el presupuesto. Reclaman un derecho.
También hay que decirlo con equilibrio; la fiscalización debe hacerse con seriedad, sin escándalo innecesario, sin convertir cada diferencia administrativa en una guerra política. Pero de igual forma, ninguna autoridad debe sentirse ofendida porque le pidan documentos. Quien administra dinero público administra confianza pública. Y la confianza pública se sostiene con información verificable, no con silencios, evasivas o respuestas incompletas.
Lo ideal en Santo Domingo Oeste sería que este episodio sirva para abrir una práctica sana: publicación oportuna de informes, actualización permanente del portal de transparencia, entrega formal de documentos al Concejo de Regidores y explicación sencilla a la ciudadanía sobre cómo se está usando cada peso del municipio.
Eso ayudaría a separar la crítica legítima del ruido político, y permitiría que la población pueda evaluar con datos, no sólo con percepciones. Cuando hay información clara, la sospecha baja y la responsabilidad sube. Y eso, en democracia local, vale más que cualquier discurso público. La transparencia no debilita a un alcalde.
Lo fortalece. La rendición de cuentas no paraliza la gestión. La ordena. Y la fiscalización responsable no destruye la gobernabilidad. La mejora.
Santo Domingo Oeste necesita obras, limpieza, autoridad, planificación y servicios. Pero necesita también confianza. Y la confianza comienza cuando el gobierno local entiende que el dinero del ayuntamiento no pertenece al alcalde, ni a los regidores, ni a ningún partido. Pertenece a la gente.
